En una maniobra legislativa que ha generado un terremoto político, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, encabezada por la 4T, aprobó de manera sorpresiva y de última hora una reforma que permitirá la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Tras una extenuante sesión de 15 horas dedicada a debatir reservas a la nueva reforma del Poder Judicial, la propuesta se validó con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, insertando una modificación crucial que extiende significativamente el periodo de estos funcionarios.
La reserva, impulsada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, establece que los actuales magistrados de la Sala Superior del TEPJF podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal de 2028. Esta medida podría prolongar su estancia en el cargo hasta por un total de 17 años. Cabe recordar que los magistrados fueron originalmente elegidos en 2016 para un periodo de nueve años que culminaba en 2025. Sin embargo, una reforma judicial previa extendió su mandato un año más, hasta 2026, para evaluar la elección judicial. Ahora, con el aplazamiento de dicha elección, su cargo se extendía hasta 2028, y con esta nueva reforma, de ser reelegidos, podrían permanecer en sus puestos hasta 2034, desafiando el principio de renovación.
La Controversia Constitucional y el Rechazo Interno
La justificación de Gutiérrez Luna para esta enmienda radicó en “evitar un trato diferenciado” con otros ministros, magistrados y jueces de distrito que tuvieron la opción de postularse en procesos anteriores. Sin embargo, la propuesta encontró una fuerte resistencia incluso dentro de las filas de Morena. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada oficialista, rechazó categóricamente la iniciativa, argumentando una flagrante violación a la Constitución. Ramírez Cuéllar señaló que el Artículo 99 de la Carta Magna es explícito al establecer que los magistrados electorales durarán en su encargo “seis años improrrogables”, y criticó que “aún no se seca la tinta” de la reforma constitucional de marzo de 2025 que buscaba precisamente cancelar la reelección de legisladores y alcaldes.
El espíritu original de la reforma judicial, enfatizó Ramírez Cuéllar, era “acabar con las castas que se perpetuaban en los tribunales” y garantizar la renovación y movilidad para ofrecer una justicia más honesta y expedita. La aprobación de esta reserva en votación económica, a pesar de la petición expresa de votarla por separado, subraya la determinación de la mayoría legislativa por impulsar este cambio. La solicitud de Ramírez Cuéllar fue rechazada por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN), lo que consolidó la controvertida decisión.
Este “madruguete” legislativo no solo genera serias dudas sobre la independencia y autonomía del órgano electoral en futuras contiendas, sino que también reabre el debate sobre la integridad de las reformas judiciales en México. La extensión de facto de los periodos de los magistrados electorales, más allá de lo establecido constitucionalmente y del espíritu de las reformas previas, establece un precedente preocupante y pone de manifiesto las tensiones dentro de la coalición gobernante en torno a la dirección y alcances del Poder Judicial.
Con información de: Nacional – Proceso.