Colombia se encuentra en una encrucijada crucial, a la espera de un nuevo liderazgo que asumirá las riendas del país. Mientras el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro dejará una nación con avances significativos en la reducción de la pobreza y una economía en crecimiento, el panorama que se vislumbra para el próximo mandatario está marcado por desafíos profundos y persistentes, especialmente en materia de seguridad y el descontento ciudadano con el sistema de salud. La compleja realidad colombiana exige una mirada detallada y estratégica para comprender la magnitud de la tarea que aguarda al nuevo líder a partir del próximo 7 de agosto.
Las encuestas y sondeos de opinión pública reflejan una preocupación creciente entre los colombianos. Según la más reciente encuesta Colombia Opina de Invamer, un contundente 40.8% de la población considera que el orden público es el principal problema que aqueja al país. Esta percepción no es infundada; coincide con un preocupante deterioro de varios indicadores de seguridad, según cifras del propio gobierno. Informes oficiales dan cuenta de un resurgimiento y fortalecimiento de grupos armados ilegales, un aumento en los cultivos de coca, y un incremento alarmante en delitos como el secuestro y la extorsión. Aunque el hurto ha mostrado una ligera reducción, expertos advierten sobre un posible subregistro, lo que podría ocultar una realidad aún más compleja. La tasa de homicidios en 2025, la más alta desde 2021 y superando a la mayoría de países latinoamericanos, es un claro indicador de la espiral de violencia que Colombia debe enfrentar.
Recrudecimiento de la Violencia: Un Desafío Estructural y Profundo
La persistencia de la violencia en Colombia, a pesar del histórico acuerdo de paz con las FARC en 2016, es una de las herencias más pesadas. Con una tasa de homicidios cuatro veces mayor que el promedio global, el país sigue inmerso en un conflicto multifacético. Informes independientes señalan que esta inseguridad se alimenta, en gran medida, de las disputas territoriales y el control de rentas ilícitas entre diversos grupos armados. Eventos como los atentados simultáneos en 2025 y 2026, y el magnicidio de un precandidato presidencial, son síntomas de una violencia que se transforma, pero no cesa. El Clan del Golfo, el ELN y las diversas disidencias de las FARC se han consolidado como actores clave en estas luchas de poder regionales, enfocados en negocios ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. La política de “Paz Total” del gobierno de Petro, que buscaba negociaciones con todos estos grupos, no logró frenar su expansión, y en muchos casos, las mesas de diálogo se levantaron sin acuerdos significativos.
El fortalecimiento de estos grupos armados es una realidad innegable. La Fundación Ideas para la Paz reporta un aumento en las disputas territoriales y el desplazamiento forzado en 2025, mientras que la Fundación CORE indica que casi todos los grupos armados organizados se fortalecieron militar, económica y políticamente entre 2018 y 2025. Alarmantemente, el número de hombres armados en estos grupos se equipara hoy a la cifra de combatientes desmovilizados tras el acuerdo de 2016, lo que evidencia un retroceso significativo en los esfuerzos por construir una paz duradera. Esta escalada no solo impacta la seguridad física de los ciudadanos, sino que también socava la gobernabilidad y el desarrollo en vastas regiones del territorio nacional, exacerbando la desconfianza en las instituciones.
En síntesis, el próximo presidente de Colombia heredará una nación compleja, con una población esperanzada en el progreso económico y social, pero profundamente preocupada por la alarmante situación de seguridad y la insatisfacción con servicios esenciales como la salud. La tarea no será menor: equilibrar los logros alcanzados con la urgencia de desarticular las redes de violencia, fortalecer las instituciones y restaurar la confianza ciudadana. La próxima administración deberá trazar una hoja de ruta integral, que no solo aborde la seguridad desde una perspectiva militar, sino que también profundice en las causas estructurales de la violencia y garantice el bienestar de todos los colombianos, sentando las bases para una paz genuina y un desarrollo equitativo.
Con información de: BBC Mundo.