En una denuncia que sacude las estructuras del sistema de justicia y seguridad nacional en México, el vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra en prisión preventiva oficiosa bajo la acusación de liderar una sofisticada red de “huachicol fiscal”, ha elevado su voz por sexta ocasión ante la presidenta Claudia Sheinbaum. Farías Laguna sostiene que la Semar está cometiendo una flagrante obstrucción a la justicia al reservar información crucial bajo el pretexto de seguridad nacional, impidiendo así su derecho a la debida defensa en el proceso penal que enfrenta.
La trama se torna más compleja al detallar la naturaleza de la información supuestamente retenida. Según la defensa del vicealmirante, la Secretaría de Marina ha clasificado como confidencial, por un periodo de cinco años, registros vitales como videos de cámaras de seguridad en aduanas y bitácoras de entrada y salida, así como oficios relacionados con el nombramiento de personal en dichas instalaciones. Estos elementos son considerados por los abogados de Farías Laguna como piezas clave para desvirtuar las imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala, junto a su hermano Fernando Farías Laguna, de orquestar una red criminal dedicada a facilitar el ingreso de combustible etiquetado fraudulentamente como aditivo. El propio vicealmirante cuestiona abiertamente: “¿Qué pretende Marina al ocultar, obstruir la justicia y crear esta esfera de silencio y no facilitar la información que ellos tienen y resulta muy relevante para esclarecer estos hechos?”
Sospechas de Fabricación de Pruebas y Selectividad Procesal
La retórica del vicealmirante Farías Laguna se endurece al denunciar una aparente “fabricación de pruebas y de culpables” que, a su juicio, beneficia tanto a la FGR como a la Semar. El imputado subraya una presunta aplicación selectiva de las reglas procesales, contrastando su caso —en el que un video anónimo de YouTube fue suficiente para vincularlo a proceso— con la exigencia de “pruebas fehacientes y contundentes” en otros expedientes de alto perfil, como el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta disparidad, según Farías Laguna, vulnera sus derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia, sugiriendo que su detención podría responder más a un ánimo de “venganza que de justicia” o a intereses políticos que buscan “consagrarse” a su costa, mientras los verdaderos responsables de los hechos, presuntamente mencionados en la carpeta de investigación, permanecen impunes.
Ante este panorama, la defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, ha agotado los recursos legales para obtener la información, enfrentando una y otra vez la negativa de la Semar. La solicitud de Farías Laguna a la presidenta Sheinbaum es un llamado directo a su intervención para que la Marina cese la reserva de información y permita que la verdad prevalezca. Este caso no solo pone en tela de juicio la transparencia y la impartición de justicia en México, sino que también arroja una sombra sobre la integridad de instituciones fundamentales en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, como la Secretaría de Marina y la FGR.
La situación del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna representa un punto crítico en la narrativa de la justicia mexicana, donde la presunción de inocencia y el debido proceso se confrontan con acusaciones de alto impacto y el velo de la seguridad nacional. La respuesta de las autoridades y, en particular, la intervención que pueda o no tener la presidenta Sheinbaum, será determinante para el desenlace de este caso y para reafirmar la confianza ciudadana en un sistema de justicia que, a menudo, es percibido como vulnerable a presiones y a la opacidad institucional.
Con información de: Nacional – Proceso.