El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCL Jalisco) obtuvo una calificación de 100 en la auditoría de transparencia que realizó la Contraloría del Estado, con lo que se ubicó entre las ocho instancias públicas que alcanzaron la puntuación máxima de un total de 79 organismos evaluados.
La dependencia informó que la revisión consideró la publicación de información institucional en medios y canales oficiales, la actualización de datos y documentos, el acceso de la ciudadanía a los contenidos y la suficiencia de la información que las dependencias deben poner a disposición del público.
Con el resultado, dijo la Contraloría, el CCL Jalisco cumplió con los criterios establecidos por la Contraloría para la evaluación de sus obligaciones de transparencia.
“Nos sentimos muy contentos y orgullosos por esta calificación, que representa el resultado del trabajo responsable y permanente de todo el equipo del CCL Jalisco. Nuestro objetivo es ser una institución pública de puertas abiertas para la ciudadanía; creemos firmemente que la transparencia no es sólo una obligación institucional, sino un compromiso que genera certeza, confianza y seguridad para las personas usuarias de los servicios del CCL”, señaló Elke Tepper García, directora general del Centro de Conciliación Laboral de Jalisco.
La auditoría revisó que la información institucional estuviera disponible, completa y accesible para consulta, además de que los datos y documentos contaran con actualización conforme a los plazos correspondientes. Entre los contenidos sujetos a revisión se encuentran datos sobre el funcionamiento y las actividades del organismo, así como información relacionada con su operación pública.
El Centro de Conciliación Laboral señaló que la disponibilidad de estos datos permite a la ciudadanía conocer las acciones del organismo y dar seguimiento a su desempeño. La Contraloría del Estado evaluó a 79 instancias públicas en este ejercicio, de las cuales ocho obtuvieron una calificación de 100.
El CCL Jalisco indicó que mantendrá la publicación y actualización de información institucional como parte de sus obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.