El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha solicitado formalmente a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación que investiguen posibles irregularidades en el proceso de instalación y apertura del consulado colombiano en Tijuana, México. A pesar de los esfuerzos iniciados por la administración anterior, la sede diplomática aún no ha comenzado a operar, generando cuestionamientos sobre su compleja gestación.
La controversia se centra en la designación de Maryory Pabón Gavilán para encabezar la misión consular en enero del año pasado, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esta asignación resulta particularmente sensible, dado que el Consejo de Estado había dictaminado previamente que la funcionaria no cumplía con los requisitos para ocupar un cargo similar en Calgary, Canadá. Sin embargo, Petro la envió para supervisar la apertura de la sede en Tijuana y asumir su titularidad una vez operativa.
La Cancillería ha presentado denuncias específicas para que las autoridades competentes determinen la existencia de conductas penalmente relevantes y establezcan las responsabilidades individuales. La investigación abarcará las actuaciones administrativas relacionadas con la selección del inmueble consular en Tijuana, así como los contratos suscritos para la futura operación de la sede, enfatizando que hasta la fecha no se ha asignado una partida presupuestal para su funcionamiento.
Esta acción surge en un contexto de acusaciones cruzadas entre el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y la administración saliente de Petro. Mientras la actual gestión, con tres semanas en el cargo, ha señalado un supuesto desorden administrativo y casos de corrupción, Petro ha negado categóricamente estas afirmaciones. La Cancillería busca con esta investigación esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en los procesos.
Con información de Proceso.