Una iniciativa legislativa presentada por la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca establecer sanciones más severas para quienes abandonen a personas adultas mayores. La propuesta plantea modificaciones al Código Penal Federal para imponer penas de tres a seis años de prisión a los responsables, además de multas económicas que oscilarían entre 300 y 600 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que podría superar los 70 mil pesos.
Esta medida cobra relevancia en un contexto donde la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ha señalado que aproximadamente 2.7 millones de adultos mayores en el país padecen desamparo e indiferencia por parte de sus allegados y de la sociedad. El documento, turnado a la Comisión de Justicia, detalla que las sanciones podrían incrementarse a la mitad cuando la víctima presente alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, enfermedad crónica, condición de dependencia o movilidad reducida, evidenciando su mayor vulnerabilidad.
Adicionalmente, las penas se agravarían si el abandono se produce en lugares críticos como hospitales, centros de atención médica, instituciones de asistencia social o vías públicas, comprometiendo gravemente la seguridad de la persona mayor. La propuesta también contempla que si el agresor es un familiar directo (ascendente, descendiente, cónyuge, concubino/a) o el responsable de su cuidado, o si la finalidad es evadir obligaciones alimentarias, las consecuencias legales serán más rigurosas. En casos extremos donde el abandono cause lesiones que pongan en peligro la vida o generen afectaciones permanentes, se impondrán de seis a diez años de prisión y multas superiores.
La iniciativa eleva aún más las penas, proponiendo condenas de diez a quince años de cárcel y multas más elevadas, si como resultado del abandono sobreviene el fallecimiento del adulto mayor. La diputada Chedraui Peralta justifica esta reforma al explicar que el abandono no se limita a la falta de soporte material o económico, sino que constituye una forma de violencia estructural que abarca desde la negligencia en la atención médica y alimentaria hasta el despojo patrimonial y el abandono físico, incluso en espacios públicos.
Con información de El Universal.