Una reciente investigación de la Universidad de California en Berkeley, complementada por el análisis del Centro Prodh, ha puesto en el ojo del huracán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México. Ambos estudios señalan un presunto debilitamiento institucional y cuestionan la imparcialidad de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, debido a sus vínculos previos con un partido político y la gestión del organismo durante el actual sexenio.
El informe “Under Attack in Mexico” del Human Rights Center de UC Berkeley destaca a Piedra Ibarra como miembro de Morena antes de asumir el cargo y hace hincapié en las supuestas anomalías durante su proceso de selección en el Senado en 2019. La investigación subraya la preocupación por la postura de la comisión ante el creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y el manejo de denuncias delicadas, como el caso de espionaje Pegasus contra el activista Raymundo Ramos, donde la CNDH habría cerrado el expediente a pesar de existir evidencia técnica contradictoria.
Por su parte, el Centro Prodh, a través de su informe “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”, coincide en señalar un deterioro considerable en la institución. El análisis revela que, si bien las quejas recibidas por la CNDH aumentaron significativamente entre 2020 y 2023, la emisión de recomendaciones por violaciones atribuidas a instituciones militares no creció proporcionalmente. Además, la mayoría de las recomendaciones por faltas graves durante la actual administración se refieren a hechos acontecidos antes de diciembre de 2018, lo que sugiere una pasividad ante eventos recientes.
Ambos estudios pintan un panorama en el que la CNDH parece haber adoptado un papel menos proactivo frente a temas cruciales del sexenio actual, como la militarización, la política migratoria y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Estas observaciones plantean serias interrogantes sobre la autonomía y la eficacia de una institución fundamental para la defensa de las garantías individuales en el país.
Con información de El Universal.