Siete personas detenidas durante la protesta por el agua contaminada en Guadalajara fueron trasladadas este martes al complejo de Puente Grande para comparecer ante un juez de control, informó la Fiscalía de Jalisco. La dependencia aclaró que los acusados permanecerán en el área de juzgados y no ingresarán a prisión por el momento.
La Fiscalía explicó que el traslado forma parte del procedimiento legal para determinar la situación jurídica de los detenidos y definir las medidas cautelares que correspondan, entre ellas la posibilidad de que continúen su proceso en libertad.
De acuerdo con la dependencia, seis de las siete personas enfrentan acusaciones por “lesiones dolosas” contra elementos de seguridad pública, mientras que a la séptima le atribuyen el delito de “desobediencia o resistencia de particulares”.
La Fiscalía informó que durante el lunes liberó a 32 de las 39 personas que registró como detenidas tras los hechos del domingo. Sin embargo, los 39 casos mantienen una carpeta de investigación abierta.
Entre las personas detenidas se encuentra un repartidor de comida por aplicación que, según los señalamientos, no participó en la protesta. La manifestación reunió el domingo a miles de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, quienes exigieron respuestas por la contaminación del agua que llega a sus hogares. La movilización terminó con detenciones y decenas de personas heridas, entre ellas policías y representantes de medios de comunicación locales y nacionales.
Tras el traslado de los siete detenidos, la Fiscalía precisó que la medida no implica una sentencia ni determina su permanencia definitiva en prisión.
“Su traslado a este complejo no significa que hayan sido sentenciadas o que su permanencia en prisión sea definitiva”, señaló la institución.
La institución destacó que un juez de control deberá resolver en las próximas horas si vincula a proceso a las personas imputadas y qué medidas cautelares aplicará en cada caso.
El caso generó críticas de colectivos y familiares de los detenidos, quienes señalaron posibles irregularidades en el debido proceso tras los arrestos durante la protesta por la calidad del agua en Guadalajara.