El Senado francés ha iniciado el debate sobre un proyecto de ley que busca endurecer significativamente las sanciones contra los responsables de disturbios y daños materiales, además de facultar al gobierno para intervenir en plataformas digitales. Esta iniciativa legislativa, conocida popularmente como “el que rompe, paga”, surge como respuesta directa a los episodios de violencia y saqueos que sacudieron el país el pasado 17 de octubre.
El núcleo del proyecto se centra en reforzar la responsabilidad civil y penal, facilitando la indemnización a las víctimas. Entre las medidas propuestas se encuentran el uso de drones con fines judiciales, la suspensión de cuentas online y la posible retención de prestaciones sociales. Las penas de prisión podrían aumentar de uno a tres años, y las multas de 15.000 a 45.000 euros. También se contempla ampliar la responsabilidad civil a quienes permanezcan en zonas de altercados tras una orden de dispersión, una disposición que ha generado críticas por el límite de 10.000 euros para reembolsos.
En paralelo, el Ejecutivo ha presentado una enmienda crucial que permitiría solicitar el bloqueo o la desindexación de plataformas digitales que no retiren contenidos ilícitos en plazos definidos. Se establece un límite de una hora para publicaciones que inciten a atentados o insurrecciones, y hasta 24 horas para otros delitos graves como agresiones o robos. El gobierno argumenta que las redes sociales pueden exacerbar la violencia. Sin embargo, esta propuesta no está exenta de controversia jurídica, especialmente después de que el Consejo de Estado francés considerara desproporcionado un bloqueo similar de TikTok en 2024.
Mientras los partidos de izquierda han manifestado preocupación por las posibles implicaciones para la libertad de manifestación, los defensores de la ley insisten en que su objetivo es diferenciar a los manifestantes pacíficos de los delincuentes. Tras este examen en el Senado, el Gobierno francés espera una tramitación ágil en la Asamblea Nacional para implementar estas reformas con prontitud y mitigar futuros episodios de violencia en el país.
Con información de Infobae.