Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, deberá esperar hasta el 19 de noviembre para conocer la decisión judicial sobre el desbloqueo de sus cuentas bancarias. Un juez federal pospuso la audiencia, originalmente fijada para el 29 de octubre, debido a la falta de acuses de notificación de diversas autoridades federales involucradas en el proceso.
Las cuentas de Torres, identificadas como preferente y de inversión en Banorte, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 29 de septiembre de 2026. Ese mismo día, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como sancionado, señalándolo por supuestamente brindar apoyo al Cártel de Sinaloa. Este bloqueo inicial ya había sido ratificado por el Juzgado Segundo de Distrito, que negó una suspensión provisional, argumentando que la medida protege el sistema financiero nacional contra recursos de origen ilícito.
En su recurso de amparo, Torres argumenta que la ley utilizada por la UIF es inconstitucional al no especificar la duración de su permanencia en la lista de personas bloqueadas ni el procedimiento para salir de ella. Mientras tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense lo describe como un “operador político” con alianzas directas con la facción “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa, acusándolo de usar su influencia para proteger las operaciones ilícitas en Baja California y de recibir pagos mensuales de exfuncionarios. Además, su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue designado por la OFAC, señalado por lavar sobornos a través de diversas empresas.
Carlos Torres ha negado públicamente los señalamientos en su contra, manifestando su intención de defenderse legalmente. La decisión del próximo 19 de noviembre será crucial para determinar si recupera el acceso a sus bienes, en un caso que resalta la complejidad de las acusaciones de lavado de dinero y la intersección entre la política y el crimen organizado.
Con información de Infobae.