Ante la crisis de extorsiones en el país, este martes la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Extorsión, que castiga con hasta 25 años de prisión este delito en toda la Federación.
Esto mientras en Michoacán el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, dialogaban con limoneros, víctimas de este crimen, en un caso que recientemente alcanzó su clímax con el homicidio de su líder.
Tras la reunión, García Harfuch indicó que se reforzará la seguridad en la entidad y que “no quedará impune” el homicidio de Bernardo Bravo, quien alzaba la voz contra la extorsión en el Valle de Apatzingán.
En la reunión con los productores limoneros participó el gobernador Alfredo Ramírez.
El funcionario federal destacó que acudió a “Apatzingán, Michoacán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso. Se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad, Fiscalía de Michoacán y Secretaría de Seguridad estatal, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo”.
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