La carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de la República documenta un esquema sistemático de extorsión encabezado por el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, en contra de comerciantes, empresarios e incluso integrantes del cabildo municipal.
De acuerdo con el expediente, las cuotas exigidas a vendedores ambulantes y empresarios iban desde 25 pesos hasta 60 millones de pesos, y comenzaron desde la llegada de Rivera Navarro a la presidencia municipal.
La carpeta FED/FEMDO/FEIDMSJAL/0000781/2025, en poder de LATINUS, abierta por el Ministerio Público, imputa al alcalde los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado, con base en pruebas recabadas por personal de inteligencia federal.
Entre los datos de prueba se incluye la intervención telefónica de Francisco Javier Rivera Gutiérrez, jefe de padrón de licencias, quien por instrucciones del alcalde ordenaba aumentar las cuotas a tours turísticos de 25 a 50 pesos por persona. El informe SSPC/SIIP/UAA/AI/01184/2025, fechado el 27 de agosto de 2025, detalla recorridos y labores de campo para documentar estas prácticas.
Testimonios incluidos en la carpeta señalan que comerciantes que se negaban a pagar eran secuestrados y golpeados. Uno de los declarantes afirmó que el presidente municipal estaba coludido con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y que el cobro de derecho de piso se realizaba a través de funcionarios y elementos de la policía municipal.
El expediente también recoge declaraciones de vendedores del centro del municipio, quienes aseguraron pagar cuotas semanales de entre 500 y 1,500 pesos, dependiendo del giro comercial, bajo amenazas de clausura.
En el caso de empresarios, un familiar de un comerciante denunció la exigencia de 150 mil pesos para evitar el cierre de un negocio de vinos y licores. Otro empresario declaró haber sido extorsionado con una “multa” de más de dos millones de pesos, bajo amenazas y con el respaldo de presuntos integrantes del CJNG.
Un artesano relató que fue obligado a pagar 50 mil pesos para reabrir su local, además de una cuota mensual de 20 mil pesos, entregada a intermediarios que actuaban por órdenes directas del alcalde.
Las prácticas de presión también alcanzaron al cabildo municipal. Una regidora denunció la retención de su salario como mecanismo para condicionar su voto y reveló que, tras oponerse a un endeudamiento de 20 millones de pesos, el alcalde ordenó la clausura del negocio de su hija.
El expediente incluye además la denuncia contra la empresa tequilera José Cuervo, a la que presuntamente se le exigió un pago de 60 millones de pesos para evitar la clausura de la planta Cuervo 1800, cobro que la compañía calificó como sobrevaluado y sin sustento legal.
