El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes desde la Oficina Oval un arancel global del 10% sobre las importaciones de todos los países, en respuesta directa a la resolución de la Corte Suprema que bloqueó sus políticas comerciales anteriores. El mandatario anunció la medida a través de su cuenta oficial en Truth Social, destacando que la disposición “entra en vigor casi de inmediato”.
La decisión ejecutiva se fundamenta en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita al presidente a imponer aranceles de hasta un 15% durante un período máximo de 150 días, salvo que el Congreso autorice una extensión. La Casa Blanca no detalló cómo planea sostener el arancel si supera ese plazo, lo que introduce incertidumbre sobre su aplicación a largo plazo.
El fallo del Supremo, decidido por seis votos a tres, determinó que la ley de 1977 utilizada previamente por Trump para imponer aranceles de manera unilateral no autoriza al presidente a fijar tarifas globales, restringiendo el margen de maniobra ejecutiva. En su opinión, el presidente del tribunal, John Roberts, subrayó que la ley “no hace referencia a aranceles ni gravámenes”, lo que limita la autoridad presidencial en materia comercial.
El revés judicial afecta la tarifa base del 10% sobre importaciones extranjeras y los llamados gravámenes “recíprocos” a socios comerciales clave, además de aranceles adicionales: un 25% para México y Canadá, orientados a presionar sobre el tráfico de drogas en la frontera, y hasta un 50% para Brasil y la India, en represalia por el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.
Durante una conferencia de prensa improvisada, Trump criticó abiertamente a la Corte Suprema, acusando sin evidencias que algunos magistrados estarían influenciados por intereses extranjeros. El presidente afirmó que el fallo lo deja “más poderoso” y que buscará alternativas legales para sostener su política arancelaria. Entre los jueces que votaron en contra de su posición figuran dos nominados por el propio Trump, mientras que Brett Kavanaugh, también designado por él, fue el único en respaldar la postura presidencial.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, evaluó que el nuevo mecanismo generará ingresos arancelarios “prácticamente sin cambios” para 2026. Por su parte, el modelo presupuestario de la Universidad de Pensilvania proyectó que la decisión judicial podría derivar en reembolsos de hasta 175 mil millones de dólares a las empresas afectadas, aunque la sentencia no abordó explícitamente este aspecto y se prevé una prolongada litigación. El laboratorio presupuestario de la Universidad de Yale estimó que el consumidor estadounidense enfrentará una tasa efectiva de aranceles del 9,1%, la más alta desde 1946, salvo por el año 2025.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Canadá calificó los aranceles como “injustificados” y anticipó turbulencias en la relación bilateral, mientras que la Unión Europea y Reino Unido anunciaron que analizarán el alcance del fallo. India fue mencionada por Trump como un ejemplo de país con el que se mantendrán negociaciones bilaterales.
En el ámbito nacional, organizaciones empresariales como la National Retail Federation celebraron la decisión del Supremo por aportar “certeza” al sector. Sin embargo, la senadora Elizabeth Warren advirtió que “no existe un mecanismo legal claro” para que consumidores y pequeñas empresas recuperen lo pagado en aranceles. El gobernador de California, Gavin Newsom, reclamó la devolución inmediata e íntegra de los fondos cobrados de manera ilegal.
Wall Street respondió con una subida moderada en los precios de las acciones tras el anuncio, en un contexto donde el fallo era ampliamente anticipado por los mercados. El Ejecutivo estadounidense no precisó aún el texto completo de la orden, ni los mecanismos de control y eventual prórroga de los nuevos aranceles.
CON INFORMACIÓN DE INFOBAE
