Guadalajara enfrenta un aumento descontrolado en los precios de renta que afecta directamente a miles de familias, y el regidor de Morena, José María “Chema” Martínez, presentó una iniciativa para que el Ayuntamiento impulse ante el Congreso del Estado una reforma al Código Civil de Jalisco que establezca un tope legal a los incrementos anuales de arrendamiento, vinculándolos estrictamente a la inflación. La propuesta establece que las rentas solo puedan incrementarse una vez al año y nunca por encima del índice inflacionario oficial.
Martínez aseguró que la medida no busca protagonismo político ni es un gesto populista, sino una respuesta jurídica respaldada por un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que validó la constitucionalidad de limitar aumentos de renta bajo el principio del derecho a la vivienda digna. “El derecho a la vivienda no es solamente adquirir una casa; también es poder rentar sin que el mercado especulativo te expulse de tu ciudad”, expresó. Y añadió: “No se trata de intervenir el mercado privado, se trata de hacer efectivo un derecho constitucional y de hacer justicia social”.
El regidor subrayó que la ciudad atraviesa un proceso acelerado de encarecimiento inmobiliario que desplaza a jóvenes, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos hacia la periferia, donde los servicios públicos, la movilidad y las condiciones de vida son insuficientes. “Hoy el mercado inmobiliario voraz no ha permitido garantizar el derecho a una vivienda digna. Las rentas en Guadalajara son excesivamente caras y eso está expulsando a la gente de sus propios barrios”, afirmó.
Martínez enfatizó que la iniciativa no implica gasto público ni subsidios, ni pretende establecer controles arbitrarios. Su objetivo es dar certeza jurídica a arrendatarios y propietarios, estableciendo reglas claras y previsibles. “Hay que ajustarnos a lo que gana una tapatía y un tapatío. No podemos permitir que la especulación esté por encima de la dignidad”, sostuvo.
El antecedente de esta propuesta es la reforma al artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco, impulsada por Martínez como diputado local, que consagra expresamente el derecho a una vivienda digna. Desde entonces, ha mantenido una agenda constante contra lo que él denomina las “pinches rentas caras”, buscando frenar un modelo inmobiliario que privilegia la especulación sobre el bienestar social. Con esta iniciativa, la discusión sobre vivienda pasa del discurso a la norma, planteando límites claros al aumento de rentas como mecanismo de protección para quienes enfrentan cada vez más dificultades para acceder a un hogar digno en su propia ciudad.
