Las diputadas Mónica Paola Magaña Mendoza y Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, presentaron su iniciativa para regular el uso de patines eléctricos o scooters como se les conoce habitualmente.
La propuesta lleva por nombre ‘Rodando Seguro’, con la cual plantean establecer lineamientos claros para el uso de estos vehículos, en particular para aquellos que no superan los 25 kilómetros por hora.
Ambas legisladoras coincidieron que el creciente uso de scooters, patines y monopatines en los espacios compartidos con el peatón en la ciudad, requiere la implementación de reglas para quien los utilice a fin de garantizar su seguridad y evitar cualquier molestia o situación de peligro.
“Buscamos fortalecer la movilidad activa y el uso de nuevos medios de transporte en la ciudad de manera segura, sostenible y accesible para las y los jaliscienses”, dijo Giadans Valenzuela.
Por ello, se incorporará en la Ley de Movilidad y Transporte la definición de Vehículo de Movilidad Personal (VMP) como un modo individual de transporte de baja velocidad, que va de 6 a 25 kilómetros por hora.
La legisladora Magaña Mendoza enunció las prohibiciones que tendrán los VMP para circular: usar equipo de protección personal; no transitar en las banquetas para privilegiar el derecho de los peatones; no circular en sentido contrario ni en vías rápidas o transportar a más de una persona por seguridad; no usar dispositivos móviles al conducir o bajo los efectos de sustancias tóxicas; no circular sin casco o bandas reflejantes.
La iniciativa de ley también establece que los 125 municipios del estado deberán adecuar sus reglamentos para incluir esta normativa, garantizar infraestructura segura y establecer programas de concientización, operativos viales y acciones preventivas.
Prevé sanciones, las cuales se aplicarán de forma gradual. Primero se invitará a los conductores a tomar cursos de educación vial, seguido de actividades comunitarias, y en casos reincidentes, se les sancionará administrativamente.
Las diputadas informaron que impulsarán un proceso de parlamento abierto para incluir las opiniones de colectivos, especialistas y sociedad civil, antes de que la iniciativa sea discutida en comisiones legislativas ya que su entrada en vigor está prevista para enero de 2026.
