La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) fijó una postura firme ante la posible aprobación de un aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, al considerar que la medida sería social y legalmente inadecuada si se traslada el costo del sistema de movilidad a los sectores con menor capacidad económica, sin mejoras previas y comprobables en el servicio.
A través de un posicionamiento público, la organización estudiantil advirtió que cualquier ajuste en la tarifa debe estar sustentado en análisis técnicos abiertos y transparentes, ya que un incremento sin rendición de cuentas impactaría de forma directa a miles de estudiantes y jóvenes que dependen diariamente del transporte para continuar con su formación académica.
La FEU subrayó que el debate no puede centrarse únicamente en la viabilidad financiera del sistema, sino en el impacto social que tendría un encarecimiento del pasaje, particularmente para quienes destinan una parte significativa de sus ingresos al traslado cotidiano hacia escuelas y universidades.
En ese sentido, llamó a las autoridades a priorizar alternativas que eviten una afectación generalizada, como esquemas de tarifas diferenciadas, subsidios focalizados o el fortalecimiento de apoyos específicos para estudiantes, antes de considerar un aumento directo al usuario.
La federación advirtió que decisiones apresuradas o desconectadas de la realidad social pueden profundizar desigualdades existentes y poner en riesgo la continuidad de trayectorias educativas, especialmente en un contexto donde el acceso a la educación sigue enfrentando barreras económicas.
Asimismo, enfatizó que el derecho a la movilidad debe entenderse como un componente esencial del derecho a la educación, y no como un privilegio condicionado a la capacidad de pago, por lo que insistió en que cualquier cambio en la tarifa debe ir acompañado de mejoras reales, sostenidas y verificables en la calidad del servicio.
La FEU reiteró su disposición al diálogo institucional con las autoridades estatales, pero dejó en claro que mantendrá una postura activa y crítica en defensa de los estudiantes, al señalar que cuidar la educación también implica garantizar condiciones justas y accesibles para llegar a ella.
CON INFORMACION DE EL OCCIDENTAL
