La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP) trabaja en la creación de un anteproyecto de Presupuesto 2026 que integre a todas las instituciones involucradas en la atención a la desaparición de personas en Jalisco, con un enfoque transversal y coordinado.
Edna Montoya Sánchez, titular de la SIBP, señaló: “La instrucción es verificar, ajustar y, de ser necesario, incorporar los elementos indispensables para que el presupuesto 2026 constituya una respuesta integral a la desaparición de personas en Jalisco”.
El anteproyecto debe presentarse al Congreso del Estado antes del 1 de noviembre. Para ello, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Desaparición de Personas del Poder Legislativo, con el objetivo de alcanzar consensos que beneficien a los familiares.
Actualmente, se analizan los recursos asignados a la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el C5 Escudo Jalisco y la propia SIBP.
Montoya dijo que el desarrollo del presupuesto se realiza con un enfoque responsable, empático y abierto al diálogo con la sociedad civil y las familias afectadas, cuya experiencia es clave para identificar las prioridades más urgentes.
“Nuestra meta es fortalecer la búsqueda, la identificación y la atención a las víctimas y sus familias, con un enfoque coordinado, eficiente y respetuoso, siempre priorizando un trato humano y ético”, afirmó.
La titular de la SIBP subrayó el interés del Gobierno del Estado para que cada peso invertido se traduzca en acciones concretas y verificables que fortalezcan la respuesta institucional para la búsqueda, identificación y apoyo a las familias.
Además, recordó que los servicios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ), la Vicefiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) son gratuitos, incluyendo asesoría administrativa, jurídica, psicosocial y acompañamiento. Las familias no deben pagar por copias de denuncias, geolocalizaciones, cédulas de búsqueda, videos del C5 ni por gestiones para la reparación integral.
Finalmente, Montoya Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa al 089, que contribuya a un entorno más seguro para las familias y la sociedad en general.
