01/04/2020

Crisis de seguridad

Por Octavio Aristeo López

Para no caer en la complacencia y ausencia de autocrítica de esta administración gubernamental es importante señalar la incapacidad del gabinete de seguridad, por lo que la descomposición y la impunidad crecen y ponen en peligro la seguridad nacional del país.

Los fundamentos constitucionales de la seguridad nacional en México los encontramos en el artículo 73 en su fracción XXIX-M y en el artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entendemos como Fuerza Armada al Ejército, Fuerza Aérea y Fuerzas navales que dependen del Jefe del Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaria de Marina Armada de México para defender al país en un proceso de movilización de guerra en caso de invasión o agravio a la soberanía del país.

El primer texto legal que integró una definición de seguridad nacional en México fue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en 2002, donde el artículo 3, fracción XII, establece que la seguridad nacional es: “XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional”.

Observamos que el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional señala “Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país”, observamos que el gobierno norteamericano y el narcotráfico son un riesgo a la nación mexicana que actúan con impunidad en México, en la “II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio” y “V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional”.

Otro apartado que no se cumple es “III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno”, sabemos que se viola la constitución y las leyes secundarias como es este caso, además varios procesos democráticos de elección y selección siguen los mismos vicios del pasado que no comprenden la democracia moderna, repitiendo viejas formas de gobernar que impiden el cumplimiento del apartado “VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.”

Asimismo, el problema por las diferencias con varios gobernadores trae como consecuencia que pone en peligro “IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El mismo Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional señala entre las amenazas a la Seguridad Nacional este

apartado, que observamos en las “Mesas de Seguridad” y en el sector salud con varios gobernadores trae como consecuencia poner en peligro la unidad de la Federación.

El Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional señala entre las amenazas a la Seguridad Nacional: “I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional”, conocemos de asesinatos masivos del crimen organizado en Chihuahua, lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, se fugan narcos de las prisiones o los liberan, asesinato de mujeres en México estimulado por el discurso del odio del gobierno mexicano con 35 mil 588 homicidios dolosos y feminicidios es el indicador más claro de la crisis de seguridad y violencia.

Además, de “III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”, como observamos el caso de Culiacán, Sinaloa. “V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”, “X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas” “XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”.

Tiene un año y 16 días que empezó el proceso constitucional para aprobar la Guardia Nacional con sus leyes reglamentarias, que en vez de un cuerpo civil es en realidad es un cuerpo militar con más de 76 mil elementos, supeditados al secretario de la Defensa Nacional, es la militarización de la seguridad pública, ahora constitucionalizada.

Donald Trump, varias veces ha comentado que 27 mil elementos de la Guardia Nacional están resguardando la frontera sur para detener el libre tránsito a las migrantes que se dirigen a los Estados Unidos, que implica medidas de contención, control y deportación y vigencia de derechos humanos, esto implica apoyar la reelección de Trump.

“II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano”, la injerencia del gobierno norteamericano en asuntos políticos de México como es el tema migratorio y el narcotráfico, que el gobierno mexicano no sabe qué hacer, da bandazos y se contradice por no existir un manejo político y profesional. Recordemos que Santa Anna acabo entregando la mitad del territorio nacional.

“VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático”, el caos más reciente por el problema diplomático en Bolivia en el caso Evo Morales, México está quedando aislado de los países de América Latina. Por ello, un grupo élite del Ejército está enojado porque peligra la seguridad nacional.

Como podemos observar son muchos frentes abiertos que tiene el gobierno mexicano que pone en peligro la seguridad nacional del país, debido a que la seguridad es parte de la sobrevivencia de la comunidad humana que tiene identidad en su Estado Nación; es el existir sin tener miedo o temor del otro, de los otros en medio de conflictos que pueden ocasionar la guerra al verse amenazada la seguridad.

En el caso de México, no podemos afirmar que existe un modelo definido de seguridad. Al respecto hay que recordar que durante la consolidación del autoritarismo mexicano, las instancias de seguridad se abocaron a preservar el orden establecido por un régimen, garantizando los intereses

del grupo en el poder más que los intereses nacionales. Es así que las instituciones responsables de la seguridad se enfocaron a custodiar el orden político, persiguiendo a disidentes, opositores e intelectuales, constituyendo un sistema de represión política y social más que de seguridad ciudadana.

Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Nacional Autónoma de México. [email protected]

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