15/08/2022

Dejan morir a detenido por negligencia en Tlajomulco Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) encontró graves omisiones de funcionarios de Tlajomulco de Zúñiga que propiciaron la muerte de un detenido cuando estaba en celdas municipales, por lo cual emitió una recomendación.

La defensoría acreditó que los funcionarios públicos actuaron de manera negligente porque sabían que tenía un padecimiento de salud mental, pero no gestionaron canalizarlo a alguna instancia competente para su atención integral, según la recomendación 8/22.

Tampoco realizaron rondines de manera continua para verificar el bienestar de la víctima. Hubo responsabilidad institucional por la falta de personal, de protocolos de actuación, de capacitación y de infraestructura adecuada para atender a personas en situación de crisis por efecto de drogas o por trastornos mentales en el centro de detención.

Por ello, la CEDHJ determinó que los policías de custodia encargados de la vigilancia de la víctima tienen responsabilidad en su suicidio y que violentaron sus derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la vida, al trato digno, a la protección de la salud con enfoque en la salud mental, a la integridad y a la seguridad personal.

Fue el 27 de octubre de 2019 cuando el joven fue detenido en el fraccionamiento Lomas del Mirador por estar bajo efectos de estupefacientes e insultar a dos policías municipales, por lo que quedó a disposición del juez, quien determinó como medida de apremio su arresto administrativo por un lapso de ocho horas.

Sin embargo, a las dos horas de haber sido ingresado, el joven se privó de la vida ahorcándose con una prenda de vestir que sujetó a uno de los barrotes de su celda.

La CEDHJ también emitió la recomendación 7/22 dirigida al presidente municipal de Colotlán por violaciones a derechos humanos de personas detenidas.

La defensoría investigó seis casos de personas que fueron detenidas con irregularidades, como allanamiento de morada sin orden judicial, detenciones ilegales, cobro excesivo e ilegal por multas de infracciones de tránsito, amenazas, coacción y violaciones al procedimiento administrativo en que las personas habían sido infraccionadas.

En uno de los casos, la Comisión demostró que los policías se metieron a una casa y realizaron un cateo para detener a otras personas, pero no tenían justificación para hacerlo, por lo que considera que allanaron el lugar con una irrupción ilegal y violenta, pero además violaron derechos humanos de sus moradores a la vida privada, a la intimidad y a la tranquilidad.

Una de las peticiones es que el alcalde garantice la atención de las víctimas y la reparación integral del daño.

CON INFORMACIÓN DEL DIARIO NTR GUADALAJARA

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