En las últimas semanas, autoridades de Estados Unidos han tomado medidas inéditas contra figuras clave de la política mexicana. Desde una alerta por terrorismo contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, hasta la cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Aunque los casos no han sido confirmados oficialmente por Washington, el patrón es claro: la relación entre ciertos políticos mexicanos y el gobierno estadounidense atraviesa su momento más tenso.
Una imagen bastó para encender las alarmas. En ella se muestra lo que sería una pantalla del sistema interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), donde el nombre de Alfonso Durazo Montaño, actual gobernador de Sonora, aparece con la etiqueta de “suspected terrorist” y una indicación clara: detención obligatoria en caso de ingreso al país.
El periodista Luis Chaparro, quien difundió el documento a través del portal Pie de Nota, sostiene que la información proviene de una fuente directa del Gobierno Federal estadounidense. “Desde el 25 del mes pasado tiene una detención obligatoria”, aseguró en su programa. Chaparro añade que Durazo habría dejado de asistir a sus tratamientos médicos en la Clínica Mayo de Phoenix tras enterarse de la alerta.
“La alerta que tiene Alfonso Durazo es suspected terrorist, es decir, se sospecha de terrorista, lo que sí sale en el sistema es que desde el 25 del mes pasado tiene una detención obligatoria, dice mandatory detention en todas las entradas que pueda tener al país de los los Estados Unidos”, señaló el periodista.
La supuesta vinculación estaría relacionada con las organizaciones criminales mexicanas clasificadas como FTOs (Foreign Terrorist Organizations), categoría que Washington ha utilizado para etiquetar a algunos cárteles.
La vocera del gobierno sonorense, Paloma Terán, desmintió de inmediato:
“Es completamente falsa y carece de sustento”, escribió en redes sociales, acusando una maniobra política. “Este tipo de ataques reflejan la desesperación de quienes ven que Sonora avanza con orden, honestidad y resultados”.
Según Terán, el documento habría sido editado y no corresponde a ninguna notificación oficial de Estados Unidos. Sin embargo, Durazo no ha cruzado la frontera desde el 25 de mayo, lo que alimenta las especulaciones.
No es el único caso reciente. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, también fue blanco de una medida consular: su visa fue cancelada junto con la de su esposo, Carlos Torres.
En un comunicado, Ávila Olmeda reconoció el hecho y lo contextualizó como parte de una tensión binacional.
“Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político”, escribió, asegurando que ambos han actuado con integridad.
El abogado estadounidense David Zapp, especialista en delitos financieros, descartó un trasfondo criminal y lo atribuyó a una represalia política:
“Ella insultó u ofendió al Gobierno de los Estados Unidos. Ellos están diciendo: ‘Si quieres venir a mi casa como invitado, no te pones a insultarnos o desafiarnos’”.
Zapp aclaró que la decisión fue tomada por el Departamento de Estado y no por la OFAC ni el Tesoro, lo que aleja el caso de una imputación por crimen organizado.
CON INFORMACIÓN DE MIGUEL VAZQUEZ / QUINTO PODER
