Diego Rivera Navarro asumió la alcaldía en octubre de 2024 respaldado por Morena, prometiendo seguir los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”. Sin embargo, en menos de dos años su administración quedó marcada por acusaciones de corrupción, extorsión, amenazas a periodistas y regidores, y presuntos vínculos con el CJNG. Antes de ser alcalde se desempeñó como regidor y comerciante en la compra-venta de caballos; su declaración patrimonial indica ingresos adicionales a su sueldo municipal y revela que, al cumplir 39 años en 2026, no concluyó la licenciatura en Derecho que inició.
El caso de Rivera Navarro también expone la tensión política y social en Tequila, con regidores y grupos políticos que ahora deberán reorganizarse para mantener la gobernabilidad. Observadores locales advierten que la detención podría afectar la imagen de Morena en la región, dado que postuló a Rivera Navarro a pesar de los antecedentes de denuncias y escándalos.
Además, la captura marca un precedente en la relación entre autoridades y el crimen organizado en Jalisco. Expertos destacan que la Operación Enjambre busca desmantelar redes de extorsión a nivel municipal, enviando un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia funcionarios implicados en delitos y corrupción, y subraya la colaboración entre autoridades federales y estatales para garantizar justicia.
Diego Rivera Navarro, a pesar de su corta carrera política, se convirtió en una figura polémica y controvertida en Tequila. Su trayectoria se encuentra ahora bajo investigación federal, y su caso será un referente de cómo se confronta la corrupción y la violencia política en Jalisco, en medio de la exigencia de transparencia y justicia por parte de la ciudadanía y los distintos actores políticos.
