A escasos días de que el reloj comience su cuenta regresiva de forma más intensa para la Copa Mundial de Futbol 2026, organismos públicos de derechos humanos de las ciudades sede han lanzado una contundente advertencia. En un llamado urgente al Estado mexicano, exigen que los derechos humanos se erijan como el “criterio rector de todas las decisiones públicas” vinculadas al magno evento, buscando asegurar que la proyección internacional del país no sacrifique el bienestar de sus ciudadanos.
Las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, unificando su voz en un pronunciamiento conjunto, alertaron sobre la innegable dimensión social del Mundial, que “más allá de su dimensión deportiva, tendrá efectos directos sobre la vida cotidiana de millones de personas”. Reconocieron que la justa mundialista impactará profundamente la forma en que los habitantes se relacionan con sus urbes debido a la “transformación del espacio público, los operativos de seguridad, los cambios en movilidad, el incremento de dinámicas turísticas y los procesos económicos asociados al evento”.
El Llamado a la Corresponsabilidad Pública y Preventiva
Con base en experiencias de eventos deportivos globales previos, los organismos recordaron que una falta de anticipación puede “agudizar desigualdades estructurales”, manifestándose en desplazamiento de comunidades, reconfiguración urbana que afecta el espacio público, restricciones a libertades civiles, criminalización de la pobreza, riesgos de violencia, explotación laboral, trata de personas, afectaciones ambientales y exclusión de poblaciones históricamente discriminadas. Alarmantemente, se ha evidenciado que “bajo argumentos de seguridad, orden urbano o imagen pública, pueden generarse políticas y acciones con impactos desproporcionados sobre grupos específicos”, una situación que México debe evitar a toda costa.
Frente a este panorama, las comisiones de derechos humanos de las entidades sede urgieron a los gobiernos locales a “actuar de forma articulada, preventiva y territorial” para garantizar un desarrollo del evento en un marco de respeto y protección de los derechos humanos. Anunciaron la creación de una agenda coordinada de observación, monitoreo, intercambio de información y diálogo interinstitucional. Esta iniciativa busca identificar riesgos de manera oportuna y generar respuestas integrales y centradas en las personas. El Mundial 2026 representa una “oportunidad para fortalecer el derecho a la ciudad y promover un uso equitativo e incluyente del espacio público”, siempre y cuando los tres niveles de gobierno fortalezcan los mecanismos de coordinación con organismos de derechos humanos y la sociedad civil, asegurando que las estrategias de seguridad, movilidad y ordenamiento territorial respeten principios de legalidad, proporcionalidad, inclusión y no discriminación.
Con información de: Nacional – Proceso.