VILLAHERMOSA, Tabasco – La Fiscalía General del Estado (FGET) de Tabasco ha anunciado su intención de solicitar penas de hasta 50 años de prisión para los cuatro agentes policiales procesados por el trágico homicidio del estudiante universitario Rodrigo Isidro Ricárdez, un caso que ha conmocionado a la sociedad tabasqueña y que ahora se ramifica hacia una compleja investigación por presunto encubrimiento que involucra a altos mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La determinación de la Fiscalía subraya la seriedad con la que las autoridades abordan este lamentable incidente, prometiendo llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias.
El lamentable suceso que cobró la vida de Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ocurrió el 14 de noviembre de 2025. Según las investigaciones ministeriales, el joven falleció tras una persecución policial iniciada en un retén en Villahermosa, donde agentes estatales dispararon contra su vehículo. Los impactos de bala resultaron mortales, y su unidad terminó estrellándose contra un poste, dejando un profundo dolor e indignación en la comunidad. Desde entonces, la presión social por esclarecer los hechos y castigar a los responsables ha sido constante.
Giro Inesperado: Muerte de un Mando Policial Bajo Sospecha
En una revelación que añade una capa de misterio y complejidad al caso, el Fiscal General, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, informó sobre la apertura de una nueva carpeta de investigación. Esta línea indaga sobre posibles responsabilidades penales por acción u omisión de otros servidores públicos y ha citado a comparecer a tres elementos de la corporación. Entre ellos, destaca el caso de Eduardo “N”, Director de las Fuerzas Estatales de Apoyo, quien falleció días atrás en las instalaciones de la SSPC a causa de un disparo. Aunque inicialmente su muerte fue reportada como un suicidio, la Fiscalía ha confirmado que Eduardo “N” era investigado por presunto encubrimiento en el caso Rodrigo Isidro, si bien no existía una orden de aprehensión en su contra. La FGET ha iniciado una investigación paralela para esclarecer las circunstancias exactas de su deceso y determinar si, en efecto, se trató de un suicidio o si hay elementos que sugieran otra hipótesis.
Vázquez Landeros fue enfático al señalar que las investigaciones no han concluido y que no se descarta la implicación de mandos superiores, incluyendo al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Serafín Tadeo Lazcano. El compromiso de la Fiscalía es firme: “La investigación llegará hasta las últimas consecuencias”, afirmó el titular, garantizando que no habrá excepciones para ningún servidor público que haya incurrido en responsabilidad. Esta declaración busca reafirmar la confianza ciudadana en un proceso que se ha visto empañado por las sospechas de impunidad y el trágico desenlace de un elemento clave en la indagatoria.
La FGET sostiene con convicción que cuenta con los elementos probatorios suficientes para buscar la pena máxima de medio siglo de prisión contra los cuatro agentes ya procesados por homicidio. La sociedad tabasqueña, que ha seguido de cerca este caso de gran impacto, espera que la justicia prevalezca y que el esclarecimiento total de los hechos y la aplicación de la ley sirvan para restaurar la confianza en las instituciones y para evitar que tragedias como la de Rodrigo Isidro Ricárdez se repitan en el futuro.
Con información de: Nacional – Proceso.