El programa “Justicia con Perspectiva de Género” ha permitido la liberación de 17 mujeres privadas de la libertad en Jalisco y mantiene en proceso de valoración a otras 28 para determinar su posible acceso a beneficios legales, como parte de una estrategia interinstitucional que busca fortalecer la reinserción social con enfoque de derechos humanos.
La Procuraduría Social del Estado de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado y el Sistema DIF Jalisco, impulsa este esquema que identifica de manera proactiva a mujeres en situación de vulnerabilidad que cumplen con los requisitos previstos en la ley para acceder a mecanismos de libertad anticipada u otros beneficios jurídicos. El programa también contempla acompañamiento jurídico gratuito y atención integral durante el proceso.
De acuerdo con la estrategia, cada caso se analiza a partir de la historia de vida de las personas, así como de su contexto familiar, social y económico, con el objetivo de incorporar elementos que suelen quedar fuera de los esquemas tradicionales de defensa. Las autoridades señalan que muchas de las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones que limitan su acceso a una defensa adecuada o a mecanismos legales que podrían modificar su situación jurídica.
En este marco, el programa reporta que 13 mujeres obtuvieron previamente su libertad, mientras que recientemente cuatro más alcanzaron este beneficio, lo que suma un total de 17 casos concluidos favorablemente. A ello se agrega el análisis en curso de 28 expedientes adicionales.
La Procuraduría Social destacó que la liberación no se limita a un procedimiento legal, sino que representa la posibilidad de reconstruir proyectos de vida. En muchos casos, las beneficiarias son madres y jefas de familia, por lo que su reintegración impacta de manera directa en la dinámica familiar y en el bienestar de sus hijas e hijos.
Las autoridades señalaron que la salida de estas mujeres también abre oportunidades para continuar estudios, incorporarse al ámbito laboral y desarrollar actividades productivas que fortalezcan su autonomía económica. El programa establece que la reinserción social requiere no solo de resoluciones jurídicas, sino de acompañamiento institucional que permita condiciones reales para el ejercicio de derechos y la reconstrucción de trayectorias de vida.