Jalisco inició los trabajos para preparar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), cuya entrada en vigor en las entidades del país deberá concretarse a más tardar el 1 de abril de 2027. Como parte de ese proceso, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo reunió a representantes de las principales universidades del estado para analizar los cambios que implicará la nueva legislación y su impacto en la formación de los futuros operadores del sistema de justicia.
La adecuación del marco jurídico estatal contempla la revisión de cerca de 97 ordenamientos locales, entre leyes y reglamentos, con el propósito de armonizar la normativa vigente con las disposiciones del nuevo Código.
A la mesa de trabajo asistieron representantes de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Panamericana, la Universidad del Valle de Atemajac y el Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, instituciones responsables de la formación de abogados, jueces, litigantes, asesores jurídicos y servidores públicos.
La consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Tatiana Anaya Zúñiga, destacó la importancia de incorporar la visión académica durante esta etapa de preparación. “Aquí es donde toma relevancia la enseñanza del Derecho, por lo cual es vital contar con las ideas y opiniones de las instituciones que se encargan de preparar a las futuras generaciones de profesionales del Derecho, bajo los conceptos novedosos y actuales”, señaló.
La Consejería Jurídica coordina la estrategia para definir las acciones y la ruta de implementación del nuevo ordenamiento, con la intención de que la transición ocurra bajo criterios técnicos y con suficiente anticipación al plazo establecido por la legislación federal.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca homologar los procedimientos en todo el país mediante un sistema que incorpora principios de oralidad, digitalización, transparencia, igualdad y protección de los derechos humanos. Su aplicación tendrá efectos en asuntos relacionados con la familia, el patrimonio, la vivienda y los conflictos civiles que se atienden en los tribunales.