El Gobierno de Jalisco obtuvo una resolución definitiva a su favor en la defensa jurídica de predios ubicados en Colomos III, una de las zonas más relevantes para el abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió por unanimidad a favor de la autoridad estatal en un caso relacionado con un polígono de 1.21 hectáreas, parte de los terrenos adquiridos hace más de 100 años con el propósito de garantizar el suministro hídrico para la ciudad. La determinación judicial dio por válida la actuación del gobierno estatal en el proceso de recuperación de estos espacios.
La Consejería Jurídica del Estado informó que la resolución deriva de las acciones emprendidas en 2017 para recuperar diversos predios en Colomos III. En ese periodo se enfrentaron intentos de apropiación de áreas consideradas de dominio público, donde se proyectó la construcción de desarrollos inmobiliarios. Ante ello, el gobierno estatal promovió acciones legales para su defensa.
La consejera jurídica, Tatiana Esther Anaya Zúñiga, afirmó que la actuación del estado se realizó conforme a derecho. “El Bosque de los Colomos se defiende. Hoy, y legalmente, el bosque es y seguirá siendo de las y los jaliscienses. El compromiso de nuestro señor Gobernador, Pablo Lemus, y su instrucción ha sido clara: que defendamos el Bosque de los Colomos como un asunto prioritario en beneficio de las y los jaliscienses”, expresó.
En la resolución judicial también se reconoció el carácter de los bienes de dominio público como inalienables e imprescriptibles, lo que respaldó el procedimiento aplicado por el gobierno estatal. La consejera jurídica señaló que la medida adoptada respondió a la obligación de proteger estos espacios ante riesgos de deterioro o uso indebido.
El caso también incluyó una revisión de un amparo concedido en marzo de 2024 a particulares por el entonces Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo, el cual consideró vulneraciones al derecho de audiencia y debido proceso. Sin embargo, dicha determinación fue impugnada por el Gobierno de Jalisco y posteriormente revertida por el tribunal federal.
“Lo público es de todos y no se privatiza. La resolución fue muy clara al reconocer que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Por lo tanto, determinó que el procedimiento de recuperación es una medida cautelar y provisional justificada por el interés colectivo”, señaló Anaya Zúñiga.
El tribunal también determinó que el amparo promovido por los particulares no resultó la vía adecuada para discutir la propiedad del predio y validó el procedimiento de recuperación como un mecanismo legítimo para la defensa del interés público.
“Rescatamos esta zona por la máxima utilidad pública: proteger nuestro medio ambiente y garantizar el abastecimiento de agua para toda la ciudadanía”, agregó la consejera jurídica.