La Cámara de Diputados aprobó una reforma para tipificar el reclutamiento de personas por parte de grupos delictivos como un delito autónomo, con penas de 10 a 20 años de prisión, que aumentarán de 15 a 25 años si los responsables recurren a amenazas, intimidación, coacción, violencia o abuso de poder.
La reforma modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas e incorpora un capítulo específico para sancionar esta conducta. El dictamen establece que las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República podrán investigar y perseguir el delito. La iniciativa también establece que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se considerará forzado, sin importar los medios que utilicen los grupos criminales para captarlos.
Pablo Vázquez Ahued, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y uno de los impulsores de la reforma, destacó que la aprobación llegó tras casi dos años de iniciativas y negociaciones entre las fuerzas políticas.
“Esta reforma, además de poner en el centro a las niñas y niños de México, es un imperativo estratégico para desarticular y combatir a los grupos de la delincuencia organizada”, señaló el legislador durante su intervención en tribuna.
Vázquez Ahued impulsó desde marzo de 2025 propuestas para combatir el reclutamiento de menores de edad. Su planteamiento inicial incluyó tres ejes: prevenir la captación de víctimas, desarticular las redes criminales y facilitar la rehabilitación y reinserción de quienes sufrieron este delito.
El diputado también destacó los acuerdos entre los grupos parlamentarios y la colaboración con instituciones y autoridades para establecer mecanismos legales contra el reclutamiento criminal. Tras la aprobación en San Lázaro, el legislador señaló que espera que el Senado de la República avale la reforma para concluir el proceso legislativo.