Una iniciativa en el Congreso de Jalisco propone penas de hasta siete años de prisión para quienes oculten sus ingresos o presenten información falsa con el fin de evadir el pago de pensiones alimenticias. La propuesta también contempla sanciones para empleadores y representantes legales que expidan constancias falsas.
La diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, Adriana Medina Ortiz, presentó la iniciativa de reforma al artículo 168 del Código Penal del Estado y al artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La propuesta plantea penas de tres a siete años de prisión y multas de 50 a mil UMAS para quienes simulen ingresos dentro de juicios familiares y de alimentos.
“La mentira procesal no es una simple ‘estratagema legal’; es un delito que convierte al propio Estado en un instrumento de injusticia. Mentir ante un juez genera sentencias e internamientos injustos, destruye vidas, protege a culpables y, de forma sumamente cruel, desprotege a las familias e infancias”, señaló Medina.
La iniciativa establece que la sanción no recaiga solo en el deudor alimentario. También contempla a terceros, empleadores y representantes legales que proporcionen constancias falsas para reducir de manera artificial los ingresos de una persona.
“La reforma es muy clara: se sancionará a quien declare o manifieste con falsedad los ingresos. Esto abarca tanto al deudor que oculta sus recursos como a terceros, empleadores o representantes legales que emitan constancias falsas para hacerlos pasar por sueldos menores con tal de evadir la pensión”.
En materia penal, la propuesta busca castigar también a quien declare falsamente con el propósito de inculpar a una persona inocente. Para este supuesto plantea una pena de cuatro a ocho años de cárcel.
El proyecto incluye además penas de seis a 10 años de prisión para testigos falsos cuyo testimonio provoque una condena injusta superior a 20 años contra una persona inocente. Para quien soborne, obligue o intimide a testigos, peritos o intérpretes propone de cuatro a ocho años de cárcel y multas de hasta 500 UMAS.
Otro punto contempla un registro público de peritos sancionados dentro de la lista anual de auxiliares de la justicia del Poder Judicial, con el fin de impedir que especialistas con dictámenes sesgados participen en nuevos litigios.
“En Jalisco teníamos un rezago en la sanción que hacía que mentir ante un juez fuera ‘barato’ en términos legales. No estamos proponiendo penas arbitrarias; buscamos prevenir e inhibir una conducta que afecta al 85% de las determinaciones judiciales basadas en testimonios. La verdad no puede seguir siendo optativa en los tribunales de Jalisco”, concluyó Medina.