La Contraloría del Estado de Jalisco informó avances en la consolidación de sus funciones como Autoridad Garante Local en materia de transparencia y protección de datos personales, tras la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), ocurrida el 30 de noviembre de 2025. La dependencia estatal asumió la responsabilidad de atender los asuntos correspondientes al Poder Ejecutivo y a los 125 municipios, que concentran la mayor parte de los sujetos obligados en la entidad. En este esquema, se integran también los procedimientos vinculados con los poderes Legislativo y Judicial, además de órganos autónomos.
Como parte de las acciones de supervisión, la Contraloría realizó 53 auditorías de cumplimiento en materia de transparencia, de las cuales 30 correspondieron a dependencias del Poder Ejecutivo y 23 a entidades paraestatales, con resultados mayoritariamente favorables.
En el proceso de transición institucional, se encuentran en integración diversos recursos de revisión relacionados con solicitudes de información pública, recibidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, correo institucional, entregas físicas y documentación turnada por la Comisión Especial para la Extinción del ITEI. Entre estos casos se contabilizan 2 mil 561 recursos promovidos antes de la extinción del organismo, además de mil 617 posteriores, de los cuales ya se han iniciado 758 procedimientos.
Asimismo, se reportaron 54 juicios de amparo vinculados con estas materias, de los cuales 24 concluyeron su proceso. Para la transferencia de expedientes y asuntos en trámite, se llevaron a cabo 36 procesos de entrega-recepción, cuyas actas se encuentran disponibles para consulta pública en el micrositio https://coextincionitei.jalisco.gob.mx/.
La Contraloría estatal también estableció un convenio de colaboración con la Coordinación de Transparencia del Poder Ejecutivo desde el 18 de diciembre de 2025, con el fin de dar continuidad a los mecanismos de acceso a la información.
Posteriormente, el 20 de enero, la contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano, emitió el Acuerdo 03/2026, mediante el cual se delegaron funciones a distintas áreas internas para la atención, sustanciación y resolución de recursos de revisión, así como la representación en juicios de amparo en su calidad de Autoridad Garante Local.