La Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra el municipio de El Salto por la posible descarga de aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos en las inmediaciones del Río Santiago, en la colonia La Azucena. La denuncia se relaciona con hechos ocurridos el 15 de septiembre y busca que la autoridad federal determine si existieron delitos contra el ambiente, así como las posibles afectaciones y responsabilidades.
El documento fue presentado por Luis Enrique Barboza Niño, director general de la CEA, e Iker Frangie Martínez Gallardo, procurador estatal de Protección al Ambiente. De acuerdo con ambas dependencias, sus representantes conocieron los hechos a través de información difundida por medios de comunicación y acudieron ante la FGR para solicitar una investigación.
“El Gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo importante por mejorar la calidad del agua, y hay personas que no han entendido que, si no ponemos de nuestra parte, este problema no se va a solucionar. Por eso, decidimos presentar esta denuncia por los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en el municipio”, señaló Barboza Niño.
“Existen elementos para investigar y, en su caso, castigar a quienes cometieron este delito ambiental que pone en riesgo la calidad de agua que se suministra para la ciudad”, agregó.
Por su parte, Frangie Martínez Gallardo señaló que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades ante una posible afectación ambiental.
A la presentación de la denuncia también acudió Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua (SGIA), quien destacó la necesidad de coordinación entre las autoridades durante la investigación. “Estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar la calidad del agua que llega a las plantas potabilizadoras, y este tipo de prácticas no puede seguir sucediendo. Invitamos a todas las autoridades involucradas a que nos ayuden a vigilar que esto no vuelva a suceder y que no sea una práctica que se siga realizando, para poder hacer valer las acciones que estamos haciendo y poder cumplir con nuestra obligación de dar agua de calidad a todos los ciudadanos”, indicó.
La CEA aportará información técnica sobre el agua y sus posibles efectos, mientras que la PROEPA dará seguimiento a los aspectos ambientales dentro de sus atribuciones. Corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para fincar responsabilidades.