El Estado mexicano fue responsable, por acción, tolerancia o complicidad, de graves violaciones a los derechos humanos contra la población entre 1965 y 1990, según el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. El documento identificó 8 mil 594 víctimas, 46 masacres y 517 desapariciones, además de señalar la participación de grupos empresariales, paramilitares, escuelas y medios de comunicación.
El informe, titulado Fue el Estado (1965-1990), reunió testimonios de 2 mil víctimas y la consulta de archivos públicos, privados, particulares y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También registró 123 mil 34 víctimas de desplazamiento forzado y señaló a 591 responsables de violaciones a derechos humanos y a 59 responsables institucionales.
La investigación se presentó en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde el director del Centro de Estudios para el Desarrollo (CEED), Omar Avilés González, señaló que las fuerzas armadas actuaron contra la población civil durante este periodo.
“Recibimos a las víctimas, a personas sobrevivientes, a organizaciones civiles y familias, cuyo rechazo a aceptar la negativa a la verdad y el riesgo que conlleva formular las preguntas al Estado que no han sabido o no han querido responder, quién fue, quién ordenó los crímenes y por qué la justicia no llega”, dijo.
David Fernández Dávalos, SJ, comisionado del Mecanismo, definió este periodo como una política estatal contra grupos opositores. “Fue la acción unilateral del Estado para acabar con las disidencias políticas, sociales, culturales, étnicas, sexogenéricas, para asegurar la continuidad del modelo político emanado de la Revolución mexicana”, dijo.
El documento, integrado por tres mil páginas en siete tomos, señaló al Estado como principal responsable y también identificó la participación de otros sectores. Abel Barrera Hernández, también comisionado, afirmó que el gobierno federal de 2018-2024 rechazó las recomendaciones del mecanismo y redujo el contenido del informe.
El informe formuló 142 recomendaciones para 22 autoridades. María Guadalupe Moreno González, investigadora de la UdeG, señaló que sus hallazgos permiten vincular aquel periodo con la actual crisis de desapariciones. “Durante décadas, la falta de investigación del pasado fue un obstáculo al derecho colectivo a la verdad por las violaciones a los derechos humanos durante la Guerra sucia”, añadió.