Un violento suceso en los municipios de Mochitlán y Quechultenango, en la región Central de Guerrero, derivó en un choque entre pobladores y fuerzas de seguridad, resultando, según testigos, en cuatro civiles fallecidos y ocho heridos. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar: cientos de residentes indignados retuvieron a alrededor de treinta elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Durante el incidente, los pobladores también incendiaron una patrulla de la Policía Estatal y causaron destrozos a otras tres unidades de la corporación. La liberación de los efectivos, que duró más de cinco horas, se concretó tras la llegada de un convoy de rescate conformado por más de quinientas unidades y elementos con equipo antimotines, liderado por subsecretarios estatales y el coordinador de la Guardia Nacional en el estado.
Este suceso se enmarca en una zona de alta conflictividad, donde el municipio de Quechultenango es conocido como bastión del grupo delictivo Los Ardillos. Autoridades de seguridad vincularon el despliegue inicial con operativos interinstitucionales tras el reciente asesinato de un agente de la Guardia Nacional, cuyo cuerpo fue hallado junto a otras víctimas en la región. No obstante, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado desmintió la existencia de un enfrentamiento formal, describiendo la acción de las fuerzas como un “recorrido ordinario”.
La situación se distendió finalmente al anochecer, lográndose la liberación de los militares y guardias nacionales tras un diálogo con los alcaldes de Mochitlán y Quechultenango. La escalada de violencia provocó la suspensión del transporte público hacia Chilpancingo y la cancelación de clases en los municipios afectados. Este tipo de retenciones no es un hecho aislado en la región, que ya ha experimentado incidentes similares con fuerzas de seguridad en el pasado.
Con información de Proceso.