El Gobierno de Jalisco inició una ruta de trabajo interinstitucional para preparar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ordenamiento que establecerá reglas comunes en materia civil y familiar en todo el país a partir del 1 de abril de 2027. La estrategia busca garantizar claridad jurídica en asuntos relacionados con la familia, el patrimonio, las sucesiones, los contratos, la custodia y la convivencia. Para ello, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo instaló mesas permanentes de trabajo con representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como del Colegio de Notarios de Jalisco, con el propósito de revisar el marco jurídico estatal y definir adecuaciones normativas y operativas.
La consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Tatiana Anaya, afirmó que el proceso requiere coordinación entre instituciones para evitar improvisaciones. “Las leyes cambian porque también cambian las necesidades de las personas. Desde la Consejería Jurídica asumimos la responsabilidad de conducir, desde el Ejecutivo, una ruta ordenada para que Jalisco llegue preparado a esta nueva etapa. Nuestro objetivo es que la implementación del Código Nacional no sea improvisada, sino clara, coordinada y útil para las y los jaliscienses”, señaló.
El nuevo Código Nacional establece lineamientos homologados para los juicios civiles y familiares en México, por lo que las entidades federativas deberán realizar ajustes legislativos e institucionales antes de su entrada en vigor. En Jalisco, la Consejería Jurídica tendrá la función de articular la revisión normativa, acompañar las propuestas de reforma y dar seguimiento a posibles riesgos jurídicos derivados de la transición.
Desde el Poder Judicial se destacó la necesidad de construir criterios comunes y fortalecer la capacitación de jueces y personal jurisdiccional. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, magistrado José Luis Álvarez Pulido, consideró indispensable la coordinación entre autoridades y sectores involucrados. “Primero, quiero agradecer la convocatoria a esta mesa, que creo que es muy importante su instalación, porque al final de cuentas, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no es algo que compete únicamente al Poder Legislativo, ni solamente al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo o al notariado. (…) Es un tema que involucra a muchos entes, a muchos sectores y, sobre todo, al sector público y al ámbito que nos corresponde”, expresó.
En el ámbito legislativo, el Congreso del Estado participará en el análisis y discusión de las reformas necesarias para armonizar las leyes estatales con el nuevo modelo nacional. La diputada Norma López Ramírez señaló la importancia de garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio estatal. “Hemos hablado de cómo lograr, no nada más en el Área (Metropolitana de Jalisco), sino en todo el estado de Jalisco, que de manera logística se pueda acercar más la justicia (…) sí me resulta muy importante e interesante saber cómo vamos a hacer para que la justicia no se aleje, porque es una preocupación, primeramente, como persona y después también como representante legislativo”, indicó.
Las mesas de trabajo también definirán rutas de capacitación para juzgados, dependencias y áreas jurídicas relacionadas con procedimientos civiles y familiares.