Jalisco inició la ruta de armonización de 97 leyes y reglamentos estatales ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya aplicación deberá ocurrir en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027. El proceso reúne al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de universidades, notarios y organizaciones de abogados. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo cerró una primera etapa de mesas técnicas para revisar el marco jurídico estatal y definir propuestas de adecuación. El objetivo es ajustar las normas e instituciones locales al nuevo modelo, que incorpora oralidad, medios digitales, notificaciones electrónicas y simplificación de procesos. Tatiana Esther Anaya, consejera jurídica del Poder Ejecutivo, señaló que la reforma debe traducirse en respuestas más accesibles para quienes enfrentan conflictos civiles o familiares.
“Cuando una persona enfrenta un divorcio, una controversia por la guarda y custodia de sus hijos, una reclamación de alimentos, una sucesión, un conflicto contractual o un problema relacionado con su patrimonio, no está pensando en la estructura normativa del sistema. Está buscando una respuesta”, indicó la consejera.
El Código de Procedimientos Civiles de Jalisco data de 1938 y su última reforma legislativa se publicó en 2021. Con el nuevo ordenamiento nacional, los procesos familiares deberán reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad. El Poder Judicial tendrá a su cargo una parte central de la transición, que incluye ajustes en juzgados, capacitación y desarrollo de herramientas digitales.
“Desde el Poder Judicial estamos trabajando en la implementación de los exhortos en línea. Ya tenemos el juicio en línea y un convenio de colaboración firmado con el Poder Ejecutivo para que las comunicaciones entre instituciones sean cada vez más ágiles y transitemos del papel a la tecnología”, señaló Wuendy Alhelí García García, magistrada presidenta de la Novena Sala Especializada en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.
En Jalisco, el Congreso del Estado deberá emitir la declaratoria de vigencia una vez que el Poder Judicial presente la solicitud correspondiente. Entre esa declaratoria y el inicio de la aplicación del Código Nacional no podrán transcurrir más de 120 días naturales.
Los trabajos también cuentan con la participación del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y la Academia Jalisciense de Derecho Notarial. Las instituciones definirán un calendario y comisiones para avanzar en la propuesta de armonización.