En el corazón de la devastada La Guaira, un silencio sepulcral se impone intermitentemente, roto solo por el grito desesperado de “¡Silencio!” de los socorristas. Con puños en alto, ordenan una pausa en el incesante rugido de la maquinaria pesada y el murmullo de la multitud, mientras escuchan con la esperanza de percibir la más mínima señal de vida bajo los escombros. La escena se repite una y otra vez junto a lo que fue un edificio de 12 plantas, ahora una montaña de concreto y acero, vestigio de los dos devastadores terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada, cobrando la vida de al menos 1.700 personas y siendo calificados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la “catástrofe natural más brutal” de la historia del país. Sin embargo, en medio del dolor y la destrucción, crece una profunda rabia entre los ciudadanos que acusan al gobierno de negligencia y una respuesta ineficaz.
Miguel Óscar Núñez, con el rostro transfigurado por la ira y el desgarro, aguarda noticias de su hijo Ángel, de 34 años, atrapado en el coloso derrumbado. “Mi hijo, como cientos de personas más, está bajo los escombros. El terremoto puede que no lo haya matado, pero ¿pueden imaginarse si muere por la negligencia de las autoridades?”, clama, encapsulando el sentir de muchas familias. Kevin Montilla, cuya esposa Luzmary y su hija de 16 años, Jhoerliyzmar, quedaron sepultadas, relata cómo la ayuda inicial provino exclusivamente de los vecinos. “La operación de rescate comenzó muy tarde y ha sido lenta. Al principio, solo acudieron a ayudar los vecinos. La policía solo vino a echar un vistazo”, denuncia, subrayando la frustrante ineficacia de la respuesta oficial y la pérdida de “días preciosos” que pudieron haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte.
El Duro Despertar de la Negligencia Estatal
La crítica no se limita a la lentitud en el inicio de las operaciones. Aunque equipos de rescate de Venezuela y Colombia, junto con maquinaria pesada, ya trabajan en la zona, la percepción general es de abandono. El edificio derrumbado, parte de un complejo propiedad del gobierno, recibió atención prioritaria, pero el drama se extiende más allá. Deilisbeth Herreira, una madre soltera, busca desesperadamente a sus hijas, Greydelys y Graybelys, de 12 y 13 años, en hospitales y listas de víctimas, mientras lamenta la ausencia de apoyo oficial en otras áreas: “No tengo ayuda de nadie. No se han enviado máquinas ni socorristas para excavar entre los escombros. Es como si te hubieran dejado sola”. Su testimonio resalta una dura realidad: hay zonas enteras del estado de La Guaira a las que los equipos de búsqueda y rescate aún no han llegado, dejando a sus habitantes a merced de su propia suerte.
El sentir de la población es unánime: se sienten defraudados por un Estado que, en su momento de mayor necesidad, parece haberlos abandonado. La ley de la naturaleza, como apunta Miguel Óscar, dicta que un padre no debería sobrevivir a su hijo, y la posibilidad de que sus seres queridos hayan perecido no por el desastre natural, sino por la inacción o tardanza de las autoridades, es una herida que difícilmente cicatrizará. La tragedia en La Guaira no es solo una catástrofe geológica; es también una crisis humanitaria y de confianza, donde el clamor de las víctimas por una respuesta digna y eficaz resuena entre los escombros, exigiendo justicia y una rendición de cuentas por cada vida que pudo haberse salvado.
Con información de: BBC Mundo.