El ministro Irving Espinosa Betanzo ha manifestado públicamente su oposición a la restitución del seguro de gastos médicos mayores para el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sumándose a la postura ya conocida de la ministra Lenia Batres. Esta alineación subraya una división interna respecto a los privilegios y la austeridad en el Poder Judicial.
La controversia surge tras la aprobación mayoritaria por parte del Pleno de la Corte de un anteproyecto de presupuesto para 2027. Dicha propuesta contempla un aumento del 17.2% y la reinstauración del seguro de gastos médicos mayores para los trabajadores del máximo tribunal, excluyendo a los ministros, en cumplimiento de una reforma judicial previa. Espinosa, Batres y María Estela Ríos votaron en contra de esta medida, siendo Batres la primera en expresar su disidencia de forma abierta, incluso generando tensiones con sus colegas.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el ministro Espinosa argumentó que el acceso a servicios de salud privados no debe ser financiado con recursos públicos a través de prestaciones adicionales. Subrayó que los servidores públicos ya cuentan con los servicios de salud contemplados en la ley, enfatizando su compromiso con una justicia más cercana, austera y desprovista de privilegios, donde el uso de fondos públicos sea coherente con los principios constitucionales.
Ante la polémica, la presidencia de la SCJN emitió un pronunciamiento aclarando que la asignación de la partida para el seguro de gastos médicos mayores está supeditada a la disponibilidad presupuestaria que finalmente apruebe la Cámara de Diputados. Este detalle deja en el aire la concreción de la medida y mantiene el debate sobre la gestión de recursos en el ámbito judicial.
Con información de Proceso.