En México, el diputado federal del PAN, Miguel Monraz, criticó al gobierno federal al señalar la existencia de una “indiferencia inaceptable” frente a la crisis de desapariciones en el país. El legislador afirmó que no detendrá sus exigencias hasta que las autoridades actúen con responsabilidad y presenten resultados, al advertir que la situación ya no admite evasivas ni respuestas parciales. De acuerdo con su postura, la problemática mantiene una gravedad sostenida que se agravó por la omisión de las instancias federales.
El diputado expuso cifras oficiales que muestran la dimensión del problema. Al 7 de abril de 2026, México registra 132,923 personas desaparecidas y no localizadas. Más de la mitad de estos casos se concentran en los últimos dos sexenios, lo que, según su señalamiento, refleja fallas estructurales en la estrategia de seguridad y en la atención a víctimas. A este contexto se suma el hallazgo de fosas clandestinas; hasta 2023 se documentaron 5,696 en 570 municipios, muchas localizadas por colectivos de familiares ante la ausencia de intervención estatal.
Monraz acusó al gobierno federal de ignorar advertencias de organismos internacionales de derechos humanos. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el artículo 34, lo que implica la revisión del caso México ante la Asamblea General. El legislador consideró esta medida como una señal de la gravedad de la crisis. “No solo no están resolviendo la crisis, la están ignorando. Ni siquiera atienden los llamados internacionales”, sostuvo, al atribuir esta postura a la falta de voluntad política para atender el problema.
Ante este escenario, el diputado insistió en la necesidad de una reforma integral en materia de desaparición forzada. Propuso un cambio que obligue al Estado a asumir su responsabilidad y que sustituya lo que calificó como una “simulación institucional”. Señaló la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, la atención a las familias y el fortalecimiento de las capacidades de investigación, además de una mayor supervisión y rendición de cuentas. También destacó la importancia de garantizar recursos suficientes para los programas de búsqueda y evitar recortes o subejercicios.
El legislador cuestionó además el cambio de postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al afirmar que la institución pasó de reconocer la gravedad del problema a respaldar al gobierno federal. Desde su perspectiva, el país requiere organismos que acompañen y defiendan a las familias, no que minimicen la crisis ni justifiquen la inacción.
En este contexto, informó sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares en favor de familias buscadoras, así como acciones frente al reclutamiento forzado de menores, situación que agrava el panorama de violencia.
Monraz alertó también sobre el incremento de desapariciones al inicio de la actual administración federal y señaló el subejercicio de recursos destinados a la búsqueda de personas. Afirmó que esta situación limita la capacidad de respuesta del Estado. Reiteró que la normalización del problema no resulta viable y sostuvo que la omisión también constituye una forma de violencia. En su posicionamiento final insistió en la urgencia de atender la crisis de fondo, garantizar verdad y justicia, y brindar apoyo efectivo a las familias afectadas como responsabilidad básica del Estado.