La creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura en Jalisco podría concretarse en 2027, luego de que la diputada de Morena, Norma López Ramírez, presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para incorporarla a la estructura de la Fiscalía del Estado.
La propuesta establece que el Ejecutivo estatal deberá realizar las previsiones administrativas y presupuestales necesarias para poner en marcha la nueva dependencia durante el ejercicio fiscal 2027. Además, plantea que la institución cuente con autonomía técnica, de gestión, administrativa, operativa y presupuestal.
La legisladora señaló que Jalisco arrastra un retraso en la creación de esta instancia, pues la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada el 26 de junio de 2017, estableció un plazo de 90 días para crear fiscalías especializadas.
También recordó que el 27 de agosto de 2025 el Pleno del Congreso aprobó el acuerdo legislativo 315/LXIV/25, con el que avaló la reforma constitucional estatal para incorporar esta figura. Sin embargo, acusó que el Ejecutivo tardó 14 meses en promulgar y publicar la reforma, lo que impidió el funcionamiento de la nueva dependencia.
La iniciativa plantea que, dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo y la Fiscalía Estatal elaboren un programa para definir los recursos disponibles, los asuntos en trámite, la estructura mínima, los perfiles del personal y las etapas para transferir información.
Una vez que concluyan las adecuaciones administrativas y presupuestales, el Congreso tendrá 30 días naturales para emitir la convocatoria para elegir a la persona titular de la fiscalía. El proceso contempla que el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción revise los expedientes de los aspirantes y emita opiniones técnicas. Después, el gobernador enviará al Legislativo una terna para su análisis.
Las y los diputados elegirán a la persona titular mediante votación por cédula y con el respaldo de dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. Si no hay una decisión dentro del plazo establecido o ninguna candidatura alcanza la mayoría, el gobernador enviará una segunda terna. Si tampoco hay acuerdo, la designación saldrá mediante insaculación ante el Pleno.
La nueva fiscalía tendrá a su cargo la investigación y persecución de los delitos de tortura, el ejercicio de la acción penal y las estrategias para prevenir este delito, conforme a la legislación general en la materia.