Durante 2025, la Procuraduría Social de Jalisco brindó 40 mil 990 servicios en distintas localidades del estado, reforzando el acceso a la justicia mediante el Módulo Itinerante Identidad y Justicia. En 76 días hábiles, los servicios lograron una efectividad del 95 por ciento en la resolución de asuntos en el lugar, además de dar seguimiento institucional a 833 casos.
Héctor Pizano Ramos, Procurador Social del Estado, destacó que “la justicia no debe esperar a que la ciudadanía llegue a las oficinas, sino salir al territorio, acercarse a las personas y ofrecer una atención digna, oportuna y gratuita”. Subrayó que “hoy podemos decir con claridad que la justicia en Jalisco avanza, se mueve, se evalúa y se transforma, poniéndose siempre al centro a las personas”.
En 2026, la dependencia fortalecerá los servicios itinerantes, la asesoría jurídica gratuita y la atención con perspectiva de género, ampliando su presencia territorial en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, Jalisco será sede del XXVI Congreso Nacional de Defensorías Públicas, del 25 al 27 de marzo, un encuentro de capacitación para especialistas de todo el país que busca consolidar criterios de defensa, innovación procesal y cooperación institucional. David Wong, Subprocurador de Defensoría Pública, explicó que el objetivo del congreso es “dar las mejores herramientas para que los defensores públicos de Jalisco estén a la altura de cualquier reto”.
La Procuraduría Social impulsa además la articulación de políticas públicas a través del Comité Interinstitucional de Mejora y Evaluación (CIMEPS), con prioridad en la prevención y combate de la trata y explotación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). La tercera sesión del comité se realizará el 5 de marzo en el auditorio de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), en Ciudad Creativa Digital, Guadalajara.
En materia de justicia con perspectiva de género, se implementa una estrategia jurídica centrada en mujeres en situación de vulnerabilidad, combinando litigio estratégico, diagnóstico social y coordinación institucional, con el fin de obtener beneficios legales e impulsar procesos de reinserción social y laboral. Miguel Osbaldo Carreón Pérez, Subprocurador de Servicios Jurídicos y Asistenciales, detalló sobre la atención territorial: “La instrucción fue muy clara: estar en la calle, hacer una procuraduría cercana a la gente y a ras del piso”. Juan Paulo Dávalos, Jefe de Procesos, añadió que se realiza un diagnóstico del proceso jurídico de mujeres privadas de la libertad para buscar beneficios legales que les permitan acortar sus sentencias.
