La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para limitar las pensiones de exfuncionarios de alto nivel, con el objetivo de reducir “privilegios” y destinar los recursos ahorrados a programas sociales. “Es un párrafo en el (artículo) 127 constitucional que tiene que ver con pensiones y privilegios. Es decir, exfuncionarios de altos mandos en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas, a partir de la aprobación de la reforma recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del ejecutivo federal”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.
Sheinbaum señaló que algunos exservidores públicos perciben montos elevados desde hace años. “Aquí lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben (mensualmente) un millón de pesos (58,378 dólares) o 300,000 pesos (17,531 dólares) y que lo han recibido ya por bastantes años”, apuntó. La presidenta aclaró que el ajuste no afectaría los derechos laborales de base, pues respetará las pensiones de trabajadores con contrato colectivo, y que la medida aplicaría únicamente a partir de la eventual aprobación legislativa: “O sea, lo que ya fue, ya fue, pero a partir de ahora ya va a ser algo distinto (…) si lo aprueba el Congreso”.
En la misma conferencia, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción detalló que se detectaron pensiones “exorbitantes” que superan incluso los ingresos de la mandataria. La funcionaria detalló que en la extinta Luz y Fuerza del Centro hay poco más de 14 mil extrabajadores, cuyo costo anual asciende a 28 mil millones de pesos; casi 9 mil 457 de ellos, es decir casi el 70%, reciben una pensión mensual de entre 100 mil y un millón de pesos. “Tenemos una persona que recibe un poquito más de un millón de pesos mensuales. A los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, además se les subsidia el Impuesto Sobre la Renta, parcialmente, la gran parte del impuesto, lo que representa 2 mil 400 millones de pesos adicionales por año”, refirió. La funcionaria agregó que esta paraestatal “en el proceso de liquidación llevó las pensiones más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más el promedio nacional”.
En instituciones como el Inegi, las pensiones promedio son de 7 mil millones de pesos, mientras que en el ISSSTE e IMSS rondan entre 6 mil 600 y 8 mil 400 millones. Sobre Pemex, Buenrostro indicó que existen poco más de 22 mil personas jubiladas, con un gasto anual cercano a 25 mil millones de pesos; 144 de ellas reciben montos superiores a los de la presidenta, lo que representa 1,827 millones de pesos adicionales por año. “En 618 casos, cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director general: no corresponde a su nivel salarial. Mil 096 casos ganan más que el personal en activo. Los pensionados de Pemex reciben en promedio 39 veces más que el promedio nacional”, señaló.
En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Buenrostro informó que 54 mil jubilados reciben cerca de 41 mil millones de pesos al año; 2 mil 199 de ellos perciben más que la presidenta, lo que representa 4 mil 500 millones de pesos adicionales. Además, 45 mil 680 casos superan las pensiones del ISSSTE y 8 mil 157 superan las del IMSS. “Todas estas paraestatales están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno”, destacó, al tiempo que incluyó a Nafin, Banobras y Bancomext como ejemplos de instituciones donde también se registran pensiones elevadas. La reforma busca establecer límites claros a estos beneficios y asegurar que los recursos se redirijan hacia programas de bienestar social. Se estima que la reforma podría generar ahorros de hasta cinco mil millones de pesos (casi 292,000 dólares) que se destinarían a programas de bienestar. La propuesta será enviada al Senado en los próximos días y se enmarca en la política de austeridad del Gobierno federal, orientada a revisar beneficios en el sector público.
