CULIACÁN, Sin.- En un sombrío panorama de creciente inseguridad, el estado de Sinaloa ha registrado la alarmante cifra de 93 asesinatos en tan solo tres semanas bajo la administración interina de Yeraldine Bonilla Valverde. Este período, que abarca del 1 al 24 de mayo de 2026, marca un repunte preocupante en la violencia que ya venía azotando la región, consolidándose como uno de los momentos más críticos para la entidad en los últimos tiempos.
Los datos, extraídos de un informe de Revista Proceso, revelan que de los 93 homicidios, siete han sido clasificados como feminicidios, sumando una capa aún más oscura a la crisis de seguridad. Además, la barbarie se manifiesta en el hallazgo de al menos 25 cuerpos rescatados de fosas clandestinas durante el mismo lapso, evidenciando la magnitud de las operaciones del crimen organizado. Esta escalada delictiva no es un fenómeno aislado; de hecho, ha mostrado un incremento notable desde el 9 de septiembre de 2024, fecha que coincide con el inicio de una cruenta guerra territorial entre las facciones de “Chapitos” y “Mayos” en el estado, desestabilizando aún más la ya frágil paz social.
El Contexto Político y la Sombra del Narcotráfico
La toma de protesta de Bonilla Valverde como gobernadora interina se da en un momento de profunda convulsión política y judicial para Sinaloa. La licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya no es un hecho menor; se produce en medio de diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR) y solicitudes de extradición por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a 10 funcionarios y exfuncionarios estatales –incluyendo al propio Rocha Moya– con presuntos nexos con el narcotráfico. Esta ausencia del titular del ejecutivo estatal, bajo tales acusaciones, genera un vacío de poder y una percepción de impunidad que podría estar siendo explotada por los grupos criminales para intensificar su disputa territorial y expandir sus actividades ilícitas.
La comparación de estas últimas semanas con el acumulado anual subraya la gravedad de la situación. Entre enero y abril de este año, Sinaloa ya registraba 397 homicidios dolosos y 28 feminicidios. Con las cifras de mayo proyectándose como las más altas en lo que va del año –y sin contar la vasta cantidad de cuerpos recuperados de fosas clandestinas a lo largo de 2026–, la entidad se consolida, según reportes de la asociación civil Causa Común, como una de las que mayores hallazgos de este tipo presenta a nivel nacional, aunque sin un registro oficial contundente que refleje la totalidad del horror.
El desafío para el gobierno interino de Yeraldine Bonilla Valverde es monumental. No solo debe enfrentar una ola de violencia desatada por la pugna entre cárteles, sino también la erosión de la confianza institucional derivada de las acusaciones de corrupción y narcotráfico que pesan sobre la administración previa. La ciudadanía sinaloense exige respuestas y acciones contundentes que garanticen la seguridad y la justicia, en un contexto donde la sombra del crimen organizado parece extenderse con cada día que pasa. La capacidad de la nueva administración para restaurar el orden y la legalidad será la prueba de fuego en este convulso período.
Con información de: Nacional – Proceso.