La estrategia del gobierno de Donald Trump para combatir el narcotráfico en alta mar, conocida como “Southern Spear” y lanzada hace un año, enfrenta una creciente ola de críticas y cuestionamientos sobre su eficacia y legalidad. Desde su inicio, el 2 de septiembre de 2025, la administración ha reportado 69 ataques a presuntas narcolanchas, resultando en la muerte de al menos 227 personas, a quienes Washington etiqueta como “narcoterroristas”. A pesar de la retórica firme del Pentágono, que advierte con “cazar, encontrar y matar” a quienes amenacen al pueblo estadounidense, funcionarios internos han admitido que no es la aproximación más eficiente en esta lucha.
A nivel de resultados, las autoridades estadounidenses afirman haber incautado 347.9 toneladas métricas de cocaína en el año fiscal 2026, sumadas a las 189 toneladas métricas decomisadas por naciones aliadas. Estas operaciones habrían generado pérdidas por 8 mil 800 millones de dólares para los cárteles en el mismo periodo, y 11 mil 500 millones en el año fiscal 2025. Sin embargo, expertos consideran que estos resultados son limitados y que la estrategia está mal enfocada. Argumentan que la mayor parte de la droga transportada por mar es cocaína, mientras que el letal fentanilo, responsable de miles de muertes en EE.UU., ingresa principalmente por vías terrestres. Incluso el comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, reconoció ante el Senado que los ataques cinéticos no son “la más eficaz” de las herramientas en esta guerra.
Más allá de la eficacia, la controversia se intensifica por graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Expertos de la ONU, activistas, organizaciones no gubernamentales y legisladores demócratas han denunciado estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales”. Human Rights Watch (HRW) afirmó que los 69 ataques registrados por la administración Trump desde septiembre de 2025 constituyen “asesinatos sin juicio” que contravienen el derecho internacional, al no presentar pruebas que demuestren el tráfico de drogas por parte de las embarcaciones ni la identidad o estatus de los fallecidos. Familiares de pescadores también han reportado la muerte de personas inocentes, sin que el gobierno haya ofrecido evidencia para refutar estas alegaciones.
La extensión de estas operaciones, incluyendo iniciativas como el Escudo de las Américas y controvertidas misiones conjuntas con países latinoamericanos que incluso han sido puestas en duda por medios internacionales, ha llevado a un llamado urgente a la rendición de cuentas. Diversas organizaciones de derechos humanos, veteranos y grupos religiosos han remitido una carta al Congreso estadounidense, instando a detener la financiación y las ejecuciones extrajudiciales. Exigen una investigación exhaustiva y el avance de la justicia para las víctimas, subrayando que estos ataques representan una forma de asesinato que no debe ser justificada bajo designaciones antiterroristas sin el debido proceso o supervisión judicial. La presión sobre la administración Trump para transparentar sus acciones y adherirse a las leyes internacionales continúa en aumento.
Con información de El Universal.