Nicolás Maduro, el líder venezolano actualmente bajo custodia en Estados Unidos, ha presentado una solicitud formal ante el juez federal Alvin Hellerstein para que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra. Su defensa se fundamenta en el argumento de que, como jefe de Estado de una nación soberana, goza de inmunidad. Esta postura choca directamente con la política de Washington, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde el año 2019, tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones. Los cargos contra Maduro fueron interpuestos en un tribunal federal de Manhattan.
Estos cargos, según la información disponible, fueron utilizados por la administración de Donald Trump para justificar acciones que incluyeron una supuesta incursión militar en Caracas con el objetivo de capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero. Desde su detención en una prisión federal de Brooklyn, el líder venezolano se ha declarado inocente. Si su moción para desestimar el caso no prospera, deberá presentarse ante el tribunal a partir del 1 de junio de 2027. La invocación de inmunidad por parte de un jefe de Estado es un pilar fundamental del derecho internacional, crucial para la diplomacia, y el tribunal estadounidense se enfrenta ahora al reto de cómo aplicar esta doctrina en un caso penal.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, argumentó ante el juez Hellerstein que su tribunal carece de jurisdicción. Pollack esgrimió dos razones principales: la inmunidad absoluta de la que, afirma, gozan los jefes de Estado soberanos y que los actos imputados a su cliente se enmarcan dentro de sus funciones oficiales. El letrado enfatizó que este procesamiento carece de precedentes y viola principios centenarios del derecho internacional sobre la inmunidad penal. Sin embargo, diversos expertos legales anticipan un camino complicado para Maduro, dada la negativa de Washington a reconocer su legitimidad desde 2019, lo que probablemente influirá en la decisión judicial al respecto de su inmunidad.
Los tribunales estadounidenses suelen alinear sus decisiones con el Ejecutivo en disputas sobre el reconocimiento de líderes extranjeros, y los antecedentes de casos similares no favorecen a Maduro, como lo demostró el caso del exlíder panameño Manuel Noriega en 1990. La defensa de Maduro, por su parte, insiste en que la valoración de Washington sobre su legitimidad es irrelevante, destacando la “incongruencia” de que Estados Unidos reconozca a Delcy Rodríguez como “presidenta encargada” —una figura designada por el propio Maduro— mientras le niega el estatus a él. Desde la “captura” de Maduro, Rodríguez ha intensificado la cooperación con Estados Unidos, incluso alcanzando un acuerdo para el control de una parte significativa de las reservas petroleras venezolanas. La situación política interna de Venezuela, con el silencio del gobierno de Rodríguez y el cubrimiento de murales de Maduro, añade capas de complejidad al escenario legal.
Los fiscales tienen hasta el 2 de octubre para responder a la solicitud de desestimación de Maduro, y el juez Hellerstein ha programado una audiencia sobre este asunto para el 17 de noviembre.
Con información de El País.