El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes puede iniciar en el entorno digital mediante ofertas de trabajo falsas, mensajes directos o promesas de dinero fácil, alertó la diputada local de Jalisco, Mónica Magaña, al advertir que estas prácticas se han trasladado de los espacios públicos a plataformas digitales como redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos.
La legisladora señaló que estos mecanismos de captación suelen presentarse de forma discreta y aprovechan vulnerabilidades económicas, necesidades afectivas o la búsqueda de oportunidades para acercarse a menores de edad con aparentes ofertas de empleo o pertenencia a grupos, que en realidad pueden derivar en situaciones de violencia o participación en actividades ilícitas.
“El reclutamiento infantil ya no solo se encuentra en las calles. Ahora se puede iniciar desde un celular, en una oferta de trabajo en redes o hasta en un videojuego”, señala.
Magaña llamó a madres, padres y personas cuidadoras a fortalecer la prevención desde el hogar y a mantener acompañamiento constante en el uso de tecnologías digitales, ante la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes enfrenten intentos de engaño en línea.
La diputada subrayó que la responsabilidad de prevención no recae únicamente en la población infantil, sino también en los adultos responsables de su cuidado. En ese sentido, pidió verificar cualquier oferta de trabajo que llegue a menores, revisar la autenticidad de perfiles en redes sociales y promover conversaciones abiertas sobre los riesgos en internet.
De acuerdo con datos de UNICEF, alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran actualmente vinculados a grupos delictivos en México, mientras que hasta 250 mil más estarían en riesgo de ser reclutados, lo que especialistas consideran una de las expresiones más graves de violencia contra este sector de la población.
Magaña informó que presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para prevenir y sancionar el reclutamiento de menores de edad, la cual continúa en análisis tras concluir la etapa de Parlamento Abierto.
La propuesta plantea incorporar este delito al Código Penal estatal, con sanciones de 15 a 30 años de prisión para quienes incurran en estas conductas, además de agravantes cuando participen familiares, tutores, cuidadores o servidores públicos. El proyecto también incluye medidas de atención integral para víctimas, mecanismos de coordinación institucional y programas orientados a la restitución de derechos y la reinserción social de niñas, niños y adolescentes afectados.
“Hablemos del tema. Informémonos. Y no dejemos que el crimen organizado le robe el futuro a nuestras infancias”, concluyó la legisladora.