El Gobierno de Tlajomulco llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a servidores públicos con el propósito de fortalecer conocimientos en derechos humanos y cultura de paz, como parte de una estrategia institucional orientada a mejorar la atención ciudadana y el desempeño en el servicio público. La actividad se realizó en el marco del Seminario de Estudios Sociales y Humanos de Tlajomulco, espacio que por tercer año consecutivo reunió a especialistas, funcionarios y participantes interesados en el análisis de temas sociales y en la construcción de una comunidad más incluyente.
“El Seminario de Estudios Sociales y Humanos de Tlajomulco surge como un esfuerzo institucional orientado a consolidar espacios de análisis, investigación y divulgación académica en torno a las ciencias sociales y las humanidades, promoviendo el estudio de los procesos históricos, culturales y sociales que dan identidad a nuestro municipio”, señaló Octavio Guevara Rubio, coordinador del Seminario de Estudios Sociales y Humanos de Tlajomulco.
Durante el encuentro, la regidora María Elena Rivera, presidenta de la Comisión de Cultura de Paz, destacó la continuidad del seminario y el enfoque de esta edición en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la cultura de paz como eje de convivencia social.
“Me honra informarles que, por tercer año consecutivo, llevamos a cabo este Seminario de Estudios Sociales y Humanos de Tlajomulco. El día de hoy está enfocado en derechos humanos y cultura de paz, un tema muy importante para nuestro municipio, ya que busca defender la dignidad humana, promover el bien común y trabajar arduamente para consolidar una cultura de paz”.
En la jornada también se subrayó la importancia de incorporar estos principios en la función pública diaria. El secretario general del Ayuntamiento de Tlajomulco, José Tomás Figueroa Padilla, señaló que la capacitación constante contribuye al fortalecimiento institucional.
“Brindar capacitación sobre derechos humanos y cultura de paz al personal del gobierno, además de cumplir una función ética, fortalece las capacidades institucionales. También mejora la función pública y reduce riesgos políticos y administrativos, porque profesionaliza la toma de decisiones y disminuye los errores institucionales”, agregó.