• 23 junio, 2026

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Contraloría de Tamaulipas inhabilita a 134 servidores públicos por irregularidades; 90% son de gobierno de Cabeza de Vaca

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Jun 23, 2026
Contraloría de Tamaulipas inhabilita a 134 servidores públicos por irregularidades; 90% son de gobierno de Cabeza de Vaca

Tampico, Tam.- La Contraloría de Tamaulipas ha inhabilitado a 134 servidores públicos y sancionado a un total de 195 funcionarios por irregularidades administrativas, mientras que otros 85 expedientes fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar posibles responsabilidades graves.

La contralora estatal, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que alrededor del 90 por ciento de las sanciones corresponden a ex funcionarios de la administración estatal anterior, incluyendo mandos de primero y segundo nivel.

“Sí hay personas de primer nivel que en su momento han sido inhabilitadas. Algunos recurrieron a amparos y otros medios de defensa, por lo que los procesos continúan”, señaló.

Tan sólo en lo que va de 2026, la dependencia ha impuesto 52 sanciones e inhabilitaciones derivadas de investigaciones internas. La funcionaria aseguró que paralelamente el Gobierno estatal ha reducido los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación en sus cuentas públicas.

De acuerdo con los registros oficiales, la Cuenta Pública 2023 cerró con observaciones equivalentes al 0.03 por ciento del presupuesto auditado, mientras que la de 2024 registró observaciones por apenas el 0.02 por ciento. 

En conjunto, ambas revisiones representan alrededor de 14 millones de pesos observados. Pedraza Melo destacó además un incremento en el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos estatales. 

Según datos de la Contraloría, actualmente cerca de 38 mil trabajadores del Poder Ejecutivo presentan en tiempo y forma su declaración patrimonial, cifra superior a la registrada al inicio de la actual administración.

La dependencia sostuvo que las acciones forman parte de la estrategia de fiscalización y combate a irregularidades impulsada por el Gobierno estatal. 

Con información de La Jornada