Con el objetivo de reforzar la protección integral de la niñez desde el servicio público, la Contraloría del Estado firmó una alianza estratégica con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Jalisco y UNICEF México. El acuerdo busca consolidar una reforma al Código de Ética y de Integridad para las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal, con la incorporación de la perspectiva de la niñez en la actuación institucional, una medida que se presenta como inédita en el país.
La contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano, señaló que la iniciativa responde a una instrucción del gobernador Pablo Lemus Navarro para fortalecer una cultura institucional basada en la no discriminación, la transparencia, la integridad y la protección de las infancias. Subrayó que el trabajo conjunto con organismos internacionales y autoridades especializadas permitirá integrar criterios de actuación más amplios dentro del servicio público. “Esta ha sido una disposición que ha puntualizado el señor Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, buscando que precisamente se consolide una cultura institucional que se base en la no discriminación, la transparencia, la integridad y particularmente la protección de la niñez”, explicó.
El representante de UNICEF en la región Bajío, Eduardo Lugo Nolasco, afirmó que la incorporación de la perspectiva de infancia en la ética pública coloca a Jalisco en una posición pionera a nivel nacional. Consideró que el enfoque representa un avance relevante al incluir de manera sistemática los derechos, necesidades y características de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones gubernamentales. En el mismo acto, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Jalisco, Thais Loera Ochoa, destacó que la protección de los derechos de la niñez no corresponde a una sola institución ni a un solo nivel de gobierno, sino que requiere coordinación entre dependencias. Sostuvo que el enfoque de derechos debe guiar toda acción pública y no limitarse a áreas específicas.
“No son una responsabilidad aislada, no son unas cuantas instituciones las que tienen esta responsabilidad del Estado. Por lo tanto, es una tarea compartida”, dijo Loera Ochoa. La alianza interinstitucional, explicaron autoridades, contempla además acciones de coordinación, capacitación, sensibilización y difusión dirigidas a las y los servidores públicos.