San Luis Potosí, México – La libertad de prensa y el derecho a la información en San Luis Potosí se encuentran bajo una sombra ominosa tras la implementación de la controvertida “Ley Serrano”. Esta reforma al Código Penal local, que penaliza el “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y periodistas, quienes advierten sobre un claro intento de criminalizar la crítica y silenciar voces disidentes. Las recientes detenciones de dos mujeres dedicadas a la difusión de contenidos noticiosos en redes sociales han puesto en evidencia el preocupante alcance de esta legislación, materializando los temores sobre su aplicación.
El origen de esta polémica ley se remonta a mediados de octubre de 2025, cuando dos videos que circulaban en medios y redes sociales, presuntamente generados con inteligencia artificial, implicaban al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a otros funcionarios de su administración con nexos y acuerdos con el crimen organizado. Ante estas graves acusaciones, el mandatario potosino no solo negó rotundamente las afirmaciones, sino que aseguró que los materiales eran producto de inteligencia artificial, anunciando la presentación de denuncias y prometiendo “llegar hasta las últimas consecuencias” contra quienes los distribuyeran y financiaran. Fue en este contexto que Gallardo Cardona hizo un llamado público al Congreso local para que legislaran sobre el tema de la inteligencia artificial, sentando las bases para lo que vendría.
La respuesta legislativa no se hizo esperar. Apenas el 4 de noviembre, menos de un mes después de las declaraciones del gobernador, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local. Esta propuesta buscaba sancionar con hasta seis años de prisión el “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”. Sorprendentemente, tan solo diez días después, el 14 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí aprobó la reforma con 18 votos a favor de legisladores de Morena, PVEM, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, consolidando la ley en un tiempo récord y generando un inmediato ambiente de preocupación.
Alarmas Desatendidas: La Voz de la Sociedad Civil
Desde su concepción, la ahora apodada “Ley Serrano” fue objeto de severas críticas y advertencias por parte de organizaciones civiles. Pedro Cárdenas, oficial del programa de Protección y Espacio Cívico de Articulo 19, una de las voces más activas, recordó que su organización alertó sobre los “retrocesos y riesgos” que la reforma implicaba para la libertad de expresión, un derecho fundamental que, aunque no exclusivo de los periodistas, suele ser el más vulnerable ante este tipo de embates legales. Articulo 19 emitió un comunicado advirtiendo que la ley “abría la puerta a la criminalización de actividades legítimas y cotidianas en una sociedad digital”, incluyendo la edición de contenidos, la creación artística, la crítica política y el uso legítimo de herramientas de inteligencia artificial para diversos fines. La crítica fundamental se centró en el recurso a la penalización sin considerar mecanismos no punitivos, una tendencia preocupante que se observa en México para sancionar conductas relacionadas con la libertad de expresión.
El pronóstico de Articulo 19 se materializó el 21 de mayo de 2026. En un hecho que ha generado conmoción, dos mujeres, Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo Reyes, dedicadas a la difusión de contenidos noticiosos en redes sociales, fueron detenidas en San Luis Potosí. La Fiscalía General del Estado, en un comunicado inusualmente confuso que evitó nombrar directamente a las detenidas, indicó que se les acusaba de “un delito contra la identidad de las personas” por presuntamente haber “utilizado de manera deliberada estructuras visuales, narrativas y gráficas de la víctima, encaminadas a generar una percepción de autenticidad y veracidad frente al público, realizando una posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital al emplear, sin autorización, la representación visual e identidad pública del pasivo del delito, para construir contenidos simulados”. Estas detenciones marcan un precedente peligroso, evidenciando que la “Ley Serrano” no es una amenaza abstracta, sino una herramienta activa que el gobierno potosino está dispuesto a usar para, según sus críticos, silenciar y encarcelar a quienes difunden información crítica, erosionando así los pilares de la libertad de prensa en el estado y sentando un escalofriante ejemplo a nivel nacional.
Con información de: Nacional – Proceso.