Autoridades ecuatorianas lograron el rescate de una niña de 10 años que había sido víctima de tráfico desde Perú, con el propósito de ser forzada a casarse con un hombre de 50 años. El operativo se llevó a cabo en la provincia amazónica de Pastaza, donde el individuo fue detenido y acusado de tráfico humano para matrimonio servil, una grave forma de explotación que implica la unión forzada con una menor o una mujer.
Este rescate, resultado de una investigación de dos meses que también siguió la pista de otros casos similares, pone de manifiesto una problemática alarmante y sostenida en diversas naciones de América Latina: los matrimonios y uniones tempranas forzadas. Según datos de Unicef, una de cada cuatro menores en la región ha contraído matrimonio o iniciado una unión antes de cumplir los 18 años, una estadística que subraya la magnitud de este flagelo.
Lo más preocupante es que, a diferencia de otras partes del mundo como el África subsahariana donde se ha observado una reducción, América Latina es la única región que no ha logrado disminuir significativamente la prevalencia de estos casos. Expertos señalan que la pobreza, la limitada educación, la falta de oportunidades económicas y la exposición a la violencia empujan a muchas niñas a buscar erróneamente seguridad o estabilidad en estas uniones desiguales y restrictivas.
Las consecuencias son devastadoras y perduran por generaciones: interrupción de la educación, embarazos precoces, mayor exposición a la violencia de género y la anulación del potencial de las niñas. La práctica tiene raíces históricas profundas en la región, que datan de comunidades prehispánicas y normativas como el derecho canónico católico, que permitía matrimonios a edades muy tempranas.
Aunque en el siglo XXI varios países latinoamericanos han avanzado en la prohibición total del matrimonio con menores de 18 años, como Nicaragua (2014), México (2019) y Perú (2023), la raíz del problema persiste. Informes recientes de Unicef indican que naciones como República Dominicana, Nicaragua y Honduras aún presentan una alta prevalencia, demostrando que la legislación por sí sola no es suficiente para erradicar una problemática tan arraigada en las sociedades.
Con información de BBC News Mundo.

