El conflicto por la operación del transporte comunitario en Tlaquepaque escaló a nivel estatal tras denuncias de conductores de mototaxis por presuntos actos de extorsión por parte de funcionarios municipales. En una reunión encabezada por la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN), los operadores acusaron cobros semanales de hasta 200 pesos y la imposición de distintivos para poder trabajar, prácticas que señalaron como irregulares y recurrentes.
Ante ello, el titular de SETRAN, Diego Monraz, fue enfático: ningún municipio tiene facultades para regular el transporte público, por lo que advirtió que estas acciones podrían constituir abuso de autoridad. Como respuesta, anunció que se facilitarán mecanismos para denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción cualquier intento de cobro indebido o intimidación.
En paralelo, el gobierno estatal reiteró que la supervisión del transporte corresponde exclusivamente a la autoridad estatal y ofreció acompañamiento a los conductores para regularizar su actividad, con asesoría, registro y facilidades para trámites. La diputada Celenia Contreras, quien promovió el encuentro, subrayó que estas prácticas afectan directamente a familias que dependen de este ingreso.
Monraz Villaseñor informó que se girará un oficio para Laura Imelda Pérez, Presidenta Municipal de Tlaquepaque, en el que solicitará desistir de la indebida regulación al transporte público, dado que no se encuentra dentro de las facultades municipales.